Por KUKULKÁN
UNA de las causas del agravamiento de la inseguridad en Quintana Roo a pesar de la entrada en operación del Complejo de Seguridad C5 desde 2021 (el más moderno y tecnológico de Latinoamérica según se presumió en su momento), ha sido el engaño de que se reduciría la incidencia delictiva con esta fortificación policiaca enclavada sobre 5 mil 600 metros cuadrados y para la cual se invirtieron 376 millones 658 mil 430 pesos, así como autorizado otros 2 mil 900 millones de pesos para equipamiento y renta durante 51 meses de 2 mil 200 cámaras de videovigilancia en 450 puntos de monitoreo.
EL PROBLEMA ha sido que para operar el Complejo no se cuenta con el recurso humano suficientemente capacitado en labores de investigación delictiva e inteligencia policial para la prevención de los delitos, más que para la persecución de los mismos. El llamado C5 es sólo el cascarón equipado que no ha dado resultados para detener las ejecuciones que ocurren todos los días y que desafortunadamente parecen estarse normalizando por el temor que este tipo de hechos despierta en cada quintanarroense. Y lo peor es que del gran presupuesto autorizado para la tecnología de videovigilancia —cámaras lectoras de placas que permiten localizar vehículos con reporte de robo y algunas de reconocimiento facial y datos biométricos— todavía se adeudan mil 500 millones de pesos que debe seguir pagando la actual administración por algo que no ha dado resultados.
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ALGUNAS lenguas viperinas le comentan a Kukulkan que la empresa Total Play, de Ricardo Salina Pliego, fue la beneficiada con el contrato de las cámaras –en calidad de rentadas por 4 años y tres meses–. Desde las instalaciones de Televisión Azteca en Cancún, sobre la avenida Bonampak, se distribuye la señal de imagen hacia el C5. Cada que este tema se toca en sesiones privadas del Congreso del Estado, la responsable de esta deuda, la diputada Yohanet Torres Muñoz regaña a sus compañeros legisladores cuando se refieren como ‘deuda’ a esta carga financiera. ‘No sigan diciendo que es una deuda porque el equipo ahí está’, defiende la ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la administración joaquinista.
DURANTE la inauguración del Complejo de Seguridad C5, el 25 de julio de 2021, el gobernador Carlos Joaquín González aseguró que ‘permitirá vigilar zonas de conurbación, las zonas con más alto índice delictivo, una respuesta ágil y oportuna para tener paz y tranquilidad que tanto se requiere’, lo cual ha sido todo lo contrario. El C5 cuenta con dos niveles que incluyen una sala de telecomunicaciones, oficinas administrativas, sala de prensa y capacitación, una sala de operaciones principales para la videovigilancia, las llamadas de emergencia al 911, análisis e inteligencia, asimismo con una torre de vigilancia, seguridad y telecomunicaciones.
LA NUEVA Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada el martes pasado por el Congreso, viene a colmar todas estas deficiencias e insuficiencias al establecer un modelo sustentado en los principios de preservación de la libertad, salvaguardar los derechos humanos, así como restablecer la paz y el orden. Tiene como propósito incidir a fondo en la tan prometida profesionalización de los elementos de las corporaciones policiacas del estado con la creación de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad, así como la capacitación para investigar delitos en apego a la reforma del nuevo sistema penal acusatorio oral desde 2008. Sin duda, revertir la incidencia delictiva requerirá ahora de generar esos buenos operadores en tiempos récord por la urgencia en restablecer el orden social.
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