- Pesan demandadas contra exalcalde de Carillo Puerto y seis exregidores. Pide amparos y lo ‘batea’ la justicia.
MARCO ANTONIO BARRERA
F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- El expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas “Chak Meex”, y los integrantes de fórmula que conformaron su Cabildo, recurrieron a los amparos para tratar de zafarse de los cargos penales que enfrentan por la gestión de gobierno 2018-2021.
A los exfuncionarios se les atribuyen presuntas responsabilidades en la carpeta de investigación número FGE/QR/FECC/406/12/2021 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Quintana Roo, la cual se remitió a un Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto.
Los hechos tienen que ver con las denuncias interpuestas por la alcaldesa Mary Hernández, quien al inicio de su gestión interpuso ocho querellas por probables hechos de peculado, abuso de funciones y contratación indebida.
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Los señalamientos se dieron a consecuencia de las observaciones reportadas en las auditorías realizadas al proceso de entrega-recepción.
En los amparos activos en el Juzgado Primero de Distrito de Quintana Roo, se solicitan medidas cautelares a favor del exedil José Esquivel Vargas, quien actúa como representante común de la entonces síndica municipal, Reyna Anita Hau Morales, y del exsecretario del Ayuntamiento, Dalton Jaime Gómez Lechuga.
Igualmente, de los que fueron regidores como René Antonio Ramos Reyes (Primero), Alma Rosa Ek Martínez (Segundo), Francisco Ernesto García Muñoz (Tercero), María Cristina González Castro (Cuarto), Isidro Huex Mix (Quinto) y Martha Guadalupe Chi Ay (Sexto), además de Rubén Ismael Petul Pool, adscrito al Departamento de Contabilidad y Nómina municipal.
En los juicios se solicitaron medidas cautelares contra acusaciones del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, pero después de que se presentaron de manera simultánea (18 de abril pasado) se desecharon a los dos días siguientes.
En el amparo número 32471990 se pidió la protección constitucional contra el auto de revocación del no ejercicio de la acción penal resuelto en la carpeta auxiliar 27/2022, el 29 de marzo pasado.
Igual ocurrió en un segundo juicio con el número 32472008 presentado contra una resolución similar, pero decretada en la carpeta auxiliar 26/2022 del 28 de marzo, y ambos casos fueron desechados al considerarse que los actos reclamados “no son de ejecución irreparable”.
Los quejosos inconformes con la resolución interpusieron recursos de revisión contra el desechamiento de plano de ambos asuntos ocurridos el 20 de abril pasado, cuyo análisis se resolverá en una segunda instancia.
El exalcalde y su ex Cabildo habían intentado un amparo previo (número 35522254) en el mismo juzgado y contra la misma revocación del no ejercicio de la acción penal que se presentó en el expediente 27/2022, el 26 de abril pasado.
En aquella ocasión se desechó el reclamo y ordenó al Agente del Ministerio Público diera vista a la víctima en un plazo razonable y a su asesor jurídico con los datos de prueba recabados en un informe de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO) y de un dictamen forense elaborado el 1 de junio de 2022.
Esquivel Vargas, a título personal, tramitó previamente un cuarto juicio de garantías contra una eventual orden de aprehensión que se radicó con el número 28795411 del Juzgado Segundo de Distrito.
La solicitud de medidas cautelares la tramitó al día siguiente que concluyó su cargo público el 30 de septiembre de 2021, pero el caso fue sobreseído ante la inexistencia de la supuesta orden de captura, según fallo del 16 de mayo de 2022.
El sobreseimiento ocurre cuando un amparo concluye por aparecer alguna causa que impide su continuación o que se resuelva la cuestión de fondo por aparecer esa misma causa.
Las cinco causas listadas son el desistimiento del agraviado, que el quejoso muera durante el juicio, que apareciera alguna de las causas citadas con anterioridad, cuando no exista en acto reclamado o por inactividad procesal de 300 días.
Esquivel Vargas asumió como presidente municipal bajo los colores del Partido Encuentro Social (PES), pero de su gestión pesan ocho denuncias por un faltante de 84 millones 843 mil pesos, aunque el presunto quebranto financiero podría alcanzar 143 millones de pesos, según la presidenta municipal Mary Hernández.
Entre las irregularidades detectadas hay un par de denuncias por manejos irregulares del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, como un supuesto desvío de 13.1 millones de pesos (mdp) por obras ejecutadas que no fueron pagadas a contratistas y 45.9 millones de pesos desviados a otra cuenta bancaria.
Asimismo, falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 3.4 mdp que generó actualizaciones y recargos al erario municipal, operaciones simuladas mediante una facturación irregular por 18.3 mdp en los que se vincula al anterior Cabildo, y la aprobación de un bono irregular para sus integrantes por 2.2 mdp.
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