- Organizaciones civiles y especialistas aplaudieron la reciente aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).
VÍCTOR OSORIO / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones civiles y especialistas aplaudieron la reciente aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), que reconoce, destacaron, la plena capacidad jurídica de todas las personas.
Falta, sin embargo, advirtieron, que los Congresos locales reformen sus códigos civiles y sus leyes sobre notariado, a fin de brindar una alternativa a la interdicción para las personas con discapacidad y las personas mayores.
En una carta dirigida al Senado y a la Cámara de Diputados —suscrita por Disability Rights International, Human Rights Watch (HRW) y la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, entre otras— remarcaron que reconocer el derecho a la capacidad jurídica plena es fundamental para poner fin a numerosas violaciones de derechos humanos de las que son objeto las personas con discapacidad y los adultos mayores.
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HRW advirtió que, en los códigos civiles y las leyes sobre el notariado de las 32 entidades federativas, incluida la Ciudad de México, todavía se trata a las personas con discapacidad y las personas mayores, como incapaces de tomar sus propias decisiones.
Ante ello, instaron a que el Congreso exhorte a las legislaturas de los estados a realizar las modificaciones necesarias para hacer efectivo dicho reconocimiento.
Debe establecerse claramente, consideraron, que todas las personas de 18 años o más tienen derecho a la capacidad jurídica plena y a tener acceso a la toma de decisiones con apoyos si así lo deciden.
“No debería existir ningún requisito relativo a evaluar su funcionalidad, nivel de discapacidad, capacidad mental ni ningún otro criterio para determinar su derecho a decidir”, insistieron
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