- Ocho jueces federales concedieron suspensiones contra un acuerdo de la CRE que posterga entre seis y 18 meses la atención de los trámites solicitados.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque tras la pandemia, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) regresó en febrero de este año al esquema de atención en ventanilla, no se garantizó a empresas de electricidad e hidrocarburos la resolución de trámites.
Ocho jueces federales concedieron suspensiones contra un acuerdo de la Comisión que posterga entre seis y 18 meses la atención de los trámites solicitados por empresas del sector a partir de 2020.
En las últimas tres semanas, los jueces y juezas concedieron al menos veinte suspensiones definitivas para que empresas no sean sujetas al Acuerdo A004/2023 de la CRE, publicado el 28 de febrero, por el cual el órgano regulador reanudó trámites suspendidos por la pandemia, pero a cuentagotas.
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El acuerdo establece que la CRE sólo podrá recibir una solicitud al mes por persona física o moral, y sólo entregara 15 folios mensuales en materia de electricidad, 50 en materia de hidrocarburos y 150 en otras materias, pese a una lista de espera de cientos de trámites que detuvo durante tres años con el pretexto del Covid-19, mucho más tiempo que el resto del Gobierno.
La CRE advirtió en el acuerdo que, por ejemplo, una solicitud presentada en 2021 sería resuelta en el primer semestre de 2024.
Más de cien empresas, lo mismo generadoras privadas de electricidad que gasolineras y distribuidoras de gas natural y LP, promovieron amparos, alegando que han esperado durante meses o años para obtener o renovar sus permisos, amén que el sistema de la CRE presenta fallas y en ocasiones no permite ni siquiera obtener un sólo folio.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que, las autoridades responsables realicen las diligencias necesarias para recibir las solicitudes que realice la persona moral quejosa sin que para ello deba de atenerse al límite que prevé el acuerdo combatido”, ordenó el juez Jonathan Bass, que ha otorgado al menos cinco suspensiones.
La mitad de los 17 jueces federales en materia administrativa, sin embargo, han negado las suspensiones, por lo que muchas empresas siguen sujetas al Acuerdo.
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