- Una jueza federal ordenó ayer convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Senado para designar a un comisionado del INAI.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza federal ordenó ayer convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Senado para designar a un comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), con lo que ya son dos los mandatos judiciales vigentes para llenar igual número de vacantes en el órgano de transparencia.
Celina Quintero Rico, jueza Décimo Séptima de Distrito en Materia Administrativa, concedió una nueva suspensión provisional, ahora para un periodo extraordinario para designar al reemplazo de Francisco Javier Acuña, quien salió del INAI el pasado 1 de abril.
El 18 de mayo, la jueza ya había ordenado un periodo extraordinario para designar uno de los dos comisionados que dejaron el cargo en 2022, pero hasta ahora, la Comisión Permanente no ha acatado esta suspensión, confirmada la semana pasada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
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La jueza había dado tres días hábiles a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado para elaborar la propuesta del candidato o candidata al INAI, y tres días adicionales para que la Comisión Permanente convoque al periodo extraordinario. Este procedimiento también es el que ordenó para la vacante de Acuña.
Ante el desacato a su orden del 18 de mayo, la jueza amenazó con imponer una multa de 50 unidades de medida y actualización —5 mil 187 pesos— a todos los miembros de la Comisión Permanente y de la Jucopo.
Incluso pidió a las autoridades administrativas del Congreso que le envíen el nombre, fecha de nacimiento y Registro Federal de Contribuyentes de los legisladores que integran la Comisión Permanente y la Jucopo, y señaló que irá incrementando las multas hasta llegar a mil UMA, o 103 mil 740 pesos.
“Las autoridades responsables y la vinculada han sido omisas en acatar lo anterior; por tanto, requiérase nuevamente a la Comisión Permanente, a la Jucopo de la Cámara de Senadores, y a la Cámara de Senadores, para que en plazo de 48 horas acrediten de manera efectiva, y sin evasivas, que han dado cumplimiento a los extremos de la suspensión definitiva”, advirtió la jueza.
La postura del Congreso parece ser que, como ha impugnado las suspensiones, no tiene que acatarlas, pero esto es incorrecto, ya que este tipo de órdenes judiciales se tienen que cumplir de inmediato.
El desacato a una suspensión es un delito federal que se castiga con tres a nueve años de cárcel, pero es la FGR la que decide si presenta la acusación, y todos los diputados y senadores involucrados tienen fuero.
El presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal, intentó llenar la vacante de Acuña al cierre del periodo de sesiones en abril, pero su propuesta fue rechazada por la mayoría de sus compañeros de partido en el Pleno del Senado.
Cuestionado el pasado 16 de mayo sobre la posibilidad de que un juzgado de Distrito ordene la realización del extraordinario, el legislador dijo que esto sí se podría llevar a cabo, pero no antes de que se celebren las elecciones de gobernador en el Estado de México y Coahuila.
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