- Tras la presentación del Plan General de Ordenamiento Territorial, la Alcaldía Miguel Hidalgo ve un clima de tensión.
EDUARDO CEDILLO / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la presentación del Plan General de Ordenamiento Territorial, la Alcaldía Miguel Hidalgo ve un clima de tensión social provocado por las irregularidades del proceso.
“Un escenario de absoluta tensión social en el marco del conflicto preelectoral adelantado por parte del Gobierno. Entonces, toda la instrucción en el Programa de Ordenamiento Territorial estará sujeta a estigmatizaciones, descalificaciones, imputaciones políticas y no se estará discutiendo sobre las bases del futuro de la Ciudad”, consideró Mauricio Tabe, Alcalde de Miguel Hidalgo.
Ayer, se convirtió en el primer Alcalde en criticar los planes urbanos presentados por el Gobierno de la Ciudad, a través de un pronunciamiento oficial.
Hizo un recuento de situaciones generadoras de incertidumbre que se vislumbran en estos planes, donde destaca la tensión social.
Además, explicó que se estableció la inconstitucionalidad del PGOT, pues se pretende la aprobación del programa sin la creación de una Ley General de Ordenamiento Territorial.
“Por alguna razón, están siendo omisos a los propósitos que en el constituyente se trazaron respecto al abuso y explotación del suelo”, precisó el Alcalde.
En otro punto, Tabe enfatizó la falta de consenso social, pues son documentos que se han realizado con un proceso discrecional, mismo que afecta su legitimidad.
Indicó como otra situación es la falta de coordinación intergubernamental, pues las demarcaciones nunca fueron convocadas para discutir este programa.
“De un plumazo tiraron a la basura todo el esfuerzo que hizo el instituto de Planeación y ahora quien coordina el proceso de planeación es el Secretario de Gobierno, claro que eso te deja una falta de legitimidad de origen porque le están poniendo nombre y apellido al proceso de planeación”, abundó.
Niega Batres
El Secretario de Gobierno de la Ciudad; Martí Batres, negó que existan irregularidades en el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial.
En respuesta a Tabe, Batres argumentó la legitimidad y constitucionalidad de los documentos al considerar que derivan de procesos de participación social y consulta pública.
“No existe una fundamentación jurídica que obligue a que previamente a los instrumentos de planeación deba existir una Ley de Ordenamiento Territorial”, dice el comunicado.
Insistió en que la Miguel Hidalgo participó en el proceso de elaboración con el folio 479427, con un oficio remitido que contenía comentarios y propuestas a los documentos, mismos que fueron tomados en cuenta.
Batres resaltó que los documentos no son públicos porque se mantiene el proceso de formulación y serán públicos una vez que sean remitidos al Congreso.
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