‘Tumba’ Congreso negocio de Laura Fernández

544
  • El Congreso estatal revocó contratos leoninos que signó Laura Fernández como alcaldesa de Puerto Morelos.
EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Por considerar una grave afectación al patrimonio y erario de Puerto Morelos, los diputados de la XVII Legislatura del estado revocaron la autorización para las Asociaciones Público Privadas (APPs) relacionadas al alumbrado público y la construcción de la primera etapa del Palacio Municipal de ese Ayuntamiento.

El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Renán Sánchez Tajonar, explicó que el dictamen aprobado en Comisiones y posteriormente en el Pleno considera que la aprobación de estas APPs, en la administración de la entonces presidenta municipal Laura Fernández Piña, está fuera de toda lógica administrativa.

Además, esas compañías están ligadas a la ahora diputada federal a través de su esposo, Carlos Alberto Moyano.

“Existen ciertas discrepancias y no están bien justificadas, el porqué de estas dos Asociaciones Público Privadas, sobre todo cuando en Puerto Morelos no hay ni un hospital y hace falta cubrir otras necesidades de la población, de ahí la necesidad de rechazar las mismas”, resumió el diputado.

“El presupuesto de Puerto Morelos debe ser dirigido a la atención de las prioridades sociales, como se proyecta en las políticas de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, y a solicitud de la alcaldesa Blanca Marari Tziu Muñoz entramos al análisis de ratificar estas concesiones, resultando el rechazo a continuar con esos contratos”, dijo también Sánchez Tajonar.

Las APPs dejadas sin efecto se refieren a la concesión por 20 años otorgadas para el alumbrado público en la cabecera y las localidades importantes del municipio incluidas las zonas turísticas a favor de la empresa “OFN Quintana Roo, S.A, de C.V.”.

Ese contrato significa una contraprestación de un millón 590 mil pesos por 240 meses, que sumados a los intereses por veinte años acumularía cerca de 800 millones de pesos, de acuerdo con lo denunciado públicamente por la propia alcaldesa Blanca Merari Tziu.

La segunda APP que el Congreso acordó “tumbar” es la que ostenta Inocaribe, S.A. de C.V. con una contraprestación de un millón 400 mil pesos, que a la postre acumularía más de 500 millones de pesos con todo e intereses en 15 años.

“No quedaba completamente acreditado comprometer hasta por 20 años los recursos del Ayuntamiento y dejaba en una situación muy precaria al municipio, y por lo mismo se consideró no ser ratificadas esas Asociaciones Público Privadas”, insistió.

Estos dos contratos ahora revocados fueron autorizados por el Cabildo de Puerto Morelos durante la administración de Laura Fernández Piña y autorizados en su temporalidad por la XVI legislatura, cuando fue presidida por el panista Eduardo Martínez Arcila.

La presente administración de Puerto Morelos, a propuesta de Merari Tziu Muñoz, se negó a comenzar a pagar los montos de la contraprestación a ambas empresas ligadas a Fernández Piña.