Blinda juez a Uber Eats en Quintana Roo

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  • Por ahora Uber Eats puede operar al margen de la Nueva Ley de Movilidad.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En la batalla legal emprendida contra las nuevas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, la plataforma Uber Eats podrá operar con libertad el servicio de reparto de comida y diligencias.

Una protección judicial concedida a la empresa Uber Portier México, S.R.L. de C.V. la blinda provisionalmente, igual que a sus socios repartidores que utilizan y dan operatividad a la citada plataforma digital.

La compañía responsable obtuvo una suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado que guardaban antes de los cambios legislativos, específicamente los relacionados con la prestación del servicio privado de repartición y diligencias en la entidad.

Los efectos de la protección constitucional otorgados por el Juzgado Noveno de Distrito impiden a la plataforma se le someta al régimen de autorizaciones, permisos y a la Declaratoria de Sostenibilidad, y que las autoridades se abstengan de sancionar a la citada compañía y a los repartidores afiliados hasta que en el litigio se resuelva la suspensión definitiva.

Con la aplicación de “Uber Eats”, los usuarios tienen acceso al servicio de oferta y entrega de alimentos, bebidas y otros tipos de bienes, según el objeto social de constitución de la sociedad 64,074 emitido ante la fe del Notario Público 97 de la Ciudad de México, el 4 de marzo de 2021.

La empresa acreditó que realiza actividades en México y el extranjero relacionadas con la operación y administración de aplicaciones y plataformas informáticas desarrolladas para la intermediación, control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles.

La solicitud de las medidas cautelares se decretó en el amparo 32698763 interpuesto contra la inconstitucionalidad de los decretos 041 y 058 por los que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado el 26 y 28 de abril pasado, respectivamente.

A la moral quejosa le son aplicables los artículos 30 (atribuciones del director general del Instituto de Movilidad), fracción XVII (expedir la Declaratoria de Sostenibilidad y Ordenamiento Vial) y 83 Ter (que define al servicio privado de transporte de repartición y diligencias).

Igualmente, el artículo 102 Bis (impone contar un permiso del Instituto), fracción VIII (detalla al transporte de repartición y diligencias), y 106 Bis (operación estará sujeta a la formulación de una Declaratoria de Sostenibilidad y Ordenamiento Vial).

Y los artículos transitorios Primero (entrada en vigor de los cambios legales al día siguiente de su publicación), Segundo (el Instituto tendrá un plazo máximo de 1 año para expedir las licencias y permisos de conducir en todas las modalidades) y Cuarto (que contempla un plazo de 180 días para expedir las disposiciones generales de las declaratorias), publicados en el Decreto 058.

La suspensión provisional otorgada se justificó porque no causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además que la privación de un beneficio “lo que ocurre en el caso concreto”.

“Por el contrario, si se negara la suspensión peticionada, sí se podría contravenir el interés social, por afectación a los usuarios, debido a la interrupción del servicio que presta la moral quejosa, consistente en la oferta de plataformas tecnológicas para organizar logísticamente mediante dispositivos móviles, a usuarios y personas que prestan servicios de movilidad en relación con alimentos, bebidas y otros productos”.

El fallo judicial consideró que de impedirse la operación del citado servicio “no se incentivaría la libre competencia entre los proveedores, teniendo repercusiones negativas en la fijación de los precios y la calidad en el servicio, aspectos que son de interés de la sociedad”.

A lo anterior, agregó que todavía no se expiden las declaratorias de Sostenibilidad y Seguridad Vial impuestas en el estado, y que son solicitadas para expedir las licencias y permisos a la parte quejosa y los socios afiliados.

La Ley de Movilidad del estado detalla que el servicio privado de transporte de repartición y diligencias es el que tiene como objeto exclusivo el otorgamiento de un servicio de manera verbal o digital entre el particular y el permisionarios, o a través de plataformas tecnológicas que consiste en realizar mandados o encomiendas, como compras, repartos, entrega de mercancías, alimentos preparados o productos en general.

Además, el que realiza encargos del pago de servicios o productos, cobros o retiros económicos, mensajería o diligencias en general, a pie, en bicicletas, motocicletas o vehículos conducidos y transportados por un solo operador.