Por KUKULKÁN
RECONOCER su responsabilidad histórica en los graves errores que derivaron en el accidente Andrés Manuel López Obrador, es un buen paso de la priista Beatriz Paredes Rangel, pero sus palabras no inspiraron propiamente consuelo entre millones de mexicanos a quienes bajo los gobiernos de PRI y PAN les fueron arrebatadas las oportunidades de estudio y empleo bien remunerado. La frase acuñada por la experimentada política encendió las redes sociales, pero sólo fue una frase cargada de melancolía en el discurso opositor pronunciada por la aspirante presidencial del partido que se equivocó dos veces en la historia: en 2000 cuando después de 71 años de poder ininterrumpido perdió la presidencia ante el PAN, pidieron perdón, prometieron no volverse a equivocar, regresaron al gobierno doce años después, pero volvieron a engañar. No hubo cambio.
ESOS son los errores a los que se refiere superficialmente la senadora priista que a su juicio provocaron un ‘accidente’, de un coche que en todo caso ellos tripulaban y no les importaron el grueso de los pasajeros hasta hoy que son el principal respaldo masivo hacia las políticas asistenciales del gobierno de la Cuarta Transformación. A Beatriz Paredes habría que recordarle que fue el priista Enrique Peña Nieto quien le entregó la banda presidencial a López Obrador ¿Fue un acto democrático? ¿Un acuerdo guiado por el revanchismo político? ¿Pacto de impunidad?
EN ALGUNAS de sus mañaneras el presidente ha salido a retar a sus adversarios a cuestionar las circunstancias en que en 2018 conquistó la presidencia después de dos intentos anteriores que resultó derrotado, una de ellas por fraude ¿Por qué me dejaron llegar en la tercera oportunidad? Suelta con puya como adelanto de un tema exclusivo que abordará en su próximo libro. Cercano el término de su gestión, Peña Nieto tuvo un desencuentro con Carlos Salinas de Gortari cuando pretendía meter la mano en el proceso de sucesión. No hubo acuerdo entre ambos, cada uno apostó por su propio candidato, aunque Salinas se la jugó desde el PAN con Ricardo Anaya.
LA AMENAZA mediática que soltó el candidato panista en el sentido de que si llegaba a la presidencia de la república, lo primero que haría sería meter a la cárcel a Peña Nieto influyó en su decisión para entregarle el poder a López Obrador, ‘al enemigo de mi enemigo’ a cambio de protección. La relación entre Salinas y Peña Nieto se deterioró por el favoritismo de este en su gabinete hacia el grupo de colaboradores del ex presidente Ernesto Zedillo, enemigos acérrimos desde que este último metió a la cárcel a su hermano Raúl Salinas como autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
LO QUE está claro es que la mayoría de los mexicanos no quieren volver a las condiciones de desigualdad social alentadas durante 36 años por los gobiernos neoliberales, la población está cada vez más informada y consciente de sus derechos. La oposición carece de un proyecto de gobierno alternativo al que se ha venido aplicando en el último quinquenio. La oposición engaña, crea su propia realidad mediática donde Xóchitl Gálvez, la aspirante panista, está arriba de todas las encuestas. Todo maquillado para seguir negando una realidad: ¿Cómo le van a ganar a Morena en los 21 estados que gobierna? ¿Podrán vencer a las estructuras sociales institucionalizadas en programas sociales de becas y subvenciones?
LO QUE la oposición propone como su gran oferta es la reconstrucción de las instituciones que por decreto demolió el gobierno de la Cuarta Transformación dentro de los cambios estructurales para acabar con el sistema de privilegios con que se beneficiaban unos cuantos para emprender jugosos negocios particulares desde el poder. Un pequeño grupo de potentados estaba acostumbrado a repartirse el país como en un juego de turista mundial. Sin un proyecto de gobierno viable y convincente, la oposición sabe que está derrotada, pero le quiere apostar a su mejor competidora o competidor con el fin de que Morena no se lleve carro completo en el Congreso de la Unión porque ello implicaría una reforma judicial profunda para quitar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a grupos de traficantes de influencias.
