- La lista de irregularidades documentadas en el contrato incluyó la captura de una tasa de interés sin que se hubiera pactado en el acuerdo.
MARCO ANTONIO BARRERA
PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Una de las empresas beneficiadas con los contratos leoninos que otorgó la ex alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, recibió reveses jurídicos sobre un acuerdo plagado de irregularidades que pretende hacer efectivo.
La pelea legal emprendida por la moral OFN Quintana Roo, S.A. de C.V. busca obtener medidas cautelares que obliguen judicialmente al Legislativo a modificar el dictamen de No Ratificación sobre del Contrato CMPMICONIAPP/02/2021 suscrito por la administración municipal 2018-2021.
Pero un juzgado federal negó medidas cautelares a la compañía beneficiada con la concesión del alumbrado público municipal, luego de analizar el reclamo jurídico contra el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVII Legislatura, del 5 de junio pasado.
El caso está radicado con el número de amparo 32912750 en el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Quintana Roo, del cual se han emitido un par de fallos contrarios a la quejosa en las solicitudes de suspensiones provisional (6 julio) y definitiva (4 agosto).
En el juicio de garantías interpuesto el 26 de junio pasado, se acusa al gobierno municipal de Puerto Morelos de buscar revocar de manera forzada el citado contrato y el título de concesión, además de licitar, suscribir o autorizar un nuevo acuerdo para el mismo servicio.
Al Congreso estatal se le impugna legislar el último párrafo del artículo 25 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, el cual establece que una vez firmado el contrato por las partes, será remitido a la citada comisión legislativa para su ratificación.
El reclamo jurídico alcanza también al tesorero municipal por una supuesta omisión de presentar ‘una y cuantas solicitudes de Registro sean necesarias para lograr el registro del Contrato CMPMICONIAPP/02/2021 en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (RPUFOEFM)’, cuyo trámite dejó inconcluso el gobierno anterior que encabezó la actual diputada federal Fernández Piña .
El asunto en disputa tiene que ver con un acuerdo suscrito bajo la figura de Asociación Pública-Privada (APP) del “Proyecto para el Desarrollo de un Sistema Integral de Eficiencia Energética y mejoramiento de la calidad del Servicio de Alumbrado Público, con cobertura en la totalidad de la zona urbana de la cabecera municipal y en las principales localidades del municipio, incluidas las zonas turísticas”.
El contrato se tasó originalmente en 42 millones 950 mil 043 pesos con 98 centavos sobre un monto máximo autorizado de 45 millones de pesos, pero fue acordado en 292 millones 810 mil 459.82 pesos pagaderos a 20 años, sobre el cual se dejó en garantía el 25 por ciento del Fondo General de Participaciones del municipio.
Entre las inconsistencias administrativas encontradas fueron que se le pretendió inscribir en la Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un día antes de concluir el gobierno municipal anterior.
La citada acción fue desechada por el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, al documentar omisiones e inconsistencias que hicieron inviable el trámite.
La lista de irregularidades documentadas incluyó la captura de una tasa de interés sin que se hubiera pactado en el acuerdo, y capturarse un par de montos por casi 179 mil pesos y 1 millón 411 mil pesos con contraprestación mensual aprobada por inversión y servicios, y un monto de comisión sin que se estipulara en el contrato ni en sus anexos.
Igualmente, incongruencias de fechas y duración del contrato y en los números de pólizas con las que se acreditó la constitución del desarrollador, y ‘no se tiene certeza sobre cuál es el valor del proyecto, así como cuál es el monto por concepto de la inversión y cuál es por concepto de servicio’, entre otras.
La no ratificación del acuerdo fue decretada por el dictamen legislativo suscrito por los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Luis Humberto Aldana Navarro, Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero y Silvia Dzul Sánchez.
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