- Líderes vecinales y especialistas emplazaron al Congreso de la Ciudad de México a que en un máximo de 15 días convoque a un parlamento abierto.
GUADALUPE SELENE VELASCO GARCÍA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Líderes vecinales y especialistas emplazaron al Congreso de la Ciudad de México a que en un máximo de 15 días convoque a un parlamento abierto, como permite la ley, para exponer las irregularidades del proceso y contenido de las propuestas de PGD y PGOT pendientes de aprobación.
El objetivo, enfatizaron en un foro realizado ayer, es que los legisladores ordenen la reposición del proceso de elaboración del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y así se realice una nueva consulta ciudadana transparente sobre nuevos textos, y no los que están en proceso de aprobación, para delinear la construcción de la CDMX durante los próximos 20 años.
La exigencia es reposición del proceso que coincidieron los ciudadanos y expertos, estuvo enmarcado por el funcionamiento ilegal de un Instituto de Planeación que no se conformó ni operó conforme a la ley y que entregó documentos que habían sido rechazados en medio de consultas fallidas y que al final se elaboraron sin cumplir la participación que marca la ley.
“¿Que estamos pidiendo? Le decimos al Congreso: ‘el instituto nos ignoró, hizo una consulta ilegal, presenta dos documentos’, ahora pedimos que lo haga de la manera legal, que dé un foro de parlamento abierto para expresar por qué exigimos que se reponga el proceso”, enfatizó Josefina MacGregor, de la organización ciudadana Suma Urbana.
Un parlamento abierto, explicó, consiste en que los diputados escuchen a las organizaciones ciudadanas, vecinales y expertos sobre por qué deben rechazar el proceso actual y los documentos que recibieron el 8 de junio y que ello quede asentado en actas oficiales que deban ser respondidas por escrito por los legisladores.
La solicitud de parlamento abierto se realizó por escrito desde el 14 de julio y con decenas de oficios desde entonces dirigidos a Víctor Hugo Lobo y Ricardo Rubio, destacaron los ciudadanos y especialistas.
Mientras que los solicitantes no han obtenido respuesta a dichas solicitudes, les alarmó que Lobo indicara que podrían organizarse asambleas en las 16 alcaldías, pero para que representantes del Instituto de Planeación defiendan los documentos, situación que es rechazada por quienes exigen la reposición del proceso.
MacGregor enfatizó en que por norma constitucional, existe el derecho de los ciudadanos para que el Congreso acepte el parlamento abierto y que no se puede negar.
Si se resisten los legisladores a que se lleve a cabo y si es que aprueban los documentos actuales del PGD y PGOT, añadió, los jueces tendrían razones para conceder amparos interpuestos contra el proceso, al cometerse una violación a la Constitución.
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