- Samuel García aseguró ser víctima de una persecución política, argumentando, entre otras cosas, que se abrieron 53 juicios en su contra.
MIRIAM GARCÍA / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- Al promover un juicio de amparo indirecto para impedir que se le ejecuten a él y 11 integrantes de su familia órdenes de aprehensión, el Gobernador Samuel García aseguró en el documento ser víctima de una persecución política, argumentando, entre otras cosas, que se abrieron 53 juicios y carpetas de investigación a él y funcionarios de su Administración… pero sólo uno es en su contra.
En su demanda de amparo, el Ejecutivo señala que esos actos incluyen juicios políticos, denuncias por amenazas, chantaje, peculado, delitos electorales, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, privación ilegal de la libertad, desobediencia y encubrimiento.
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De esa lista, en su contra sólo está el juicio político que le inició el Congreso local y que se frenó con tres suspensiones que le otorgó Faustino Gutiérrez, Juez Octavo de Distrito, con sede en Reynosa.
El resto de los casos son contra 27 integrantes de su Gabinete y ex colaboradores, y ocho integrantes de la Administración de Zuazua, aunque 23 de ellos no se han judicializado aún.
Pero, al buscar el amparo para él y su familia, el Gobernador aseguró que todas esas carpetas demuestran el uso político de las Fiscalías y del Poder Judicial, y que fuentes anónimas le advirtieron que les estaban “fabricando acusaciones”, sin precisar por qué presuntos delitos.
García obtuvo el pasado 14 de septiembre de un juez federal la protección para él y su familia, pero no para sus funcionarios, quienes ya han interpuesto recursos en lo individual cuando los hechos que se les imputan se han judicializado.
“(Para) evidenciar lo relativo a la ‘guerra política’ desencadenada mediante el uso político de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Poder Judicial del Estado”, establece el Gobernador en su demanda inicial, “es que se hace una relación y referencia a la totalidad de funcionarios que, hasta el día de hoy, han sido procesados penalmente o bien que están sujetos a investigación criminal por parte de los órganos antes citados”.
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