- Tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que no resuelven temas de seguridad, recibieron escoltas.
ÁNGEL CHARLES / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- En medio del recrudecimiento de la violencia en Nuevo León y en un hecho inédito, tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que no resuelven temas de seguridad, recibieron escoltas y vehículos oficiales por parte del Gobierno estatal, alegando el enfrentamiento que tienen con el Congreso local.
Los magistrados beneficiados son la presidenta del TJA, la emecista Ethel Maldonado, el magistrado de la Sala Superior, Roberto Rodríguez, y el magistrado de la Primera Sala Ordinaria, José Mercedes Hernández.
Fuentes estatales confirmaron que, a petición de los magistrados, fueron asignados escoltas para cada uno de ellos.
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“Lo que pidieron fueron escoltas ante el temor en el desempeño de sus funciones”, confirmó una fuente estatal en materia de seguridad, “se les asignó un escolta y un vehículo por magistrado desde la semana pasada”.
Sin embargo, fuentes al interior del TJA señalaron que desde hace unos días los tres beneficiados se dejaron ver con más de un escolta fuertemente armados y nuevas unidades que les asignaron. Esta es la primera vez en la historia del Tribunal que designan escoltas a los magistrados.
El TJA es un órgano formalmente administrativo encargado de dirimir actos de las autoridades administrativas y ciudadanos, obligando a estas al cumplimiento de sus fallos, por lo que no manejan temas relacionados con seguridad o que pongan en peligro su vida.
Maldonado fue acusada de ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones por emplear a su hijastro y a la novia de este en el Tribunal.
Por este caso, el Congreso local avaló la declaratoria de procedencia para que la Fiscalía Anticorrupción proceda penalmente en su contra por esos dos delitos imputados, proceso que fue frenado por una suspensión otorgada por un juez federal.
Rodríguez ha sido cuestionado por haberse ido de viaje de placer a Emiratos Árabes Unidos, donde asistió a la Fórmula 1, y a Qatar, donde estuvo en el Mundial, con menos de un año en el cargo.
Hernández enfrenta un juicio político acusado de cobijar al Gobierno estatal e impedir la publicación en el Periódico Oficial de acuerdos legislativos con los que el Ejecutivo no está de acuerdo, pero que fue frenado por una suspensión otorgada por la Corte.
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