- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, presentó ayer en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Arturo Salinas.
CLAUDIA SALAZAR / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Maynez, presentó ayer en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Arturo Salinas, por usurpación de funciones al rendir protesta como Gobernador interino de Nuevo León.
En la demanda, el legislador argumentó que Salinas, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Salinas también cayó en atribución ilegal de facultades y violó la Constitución local al rendir protesta, sin ser elegible.
Álvarez Maynez entregó la demanda a la secretaria general de la Cámara, Graciela Báez, quien la debe turnar a la Subcomisión de Examen Previo, instancia que se encarga de desahogar los procesos de juicio político de servidores públicos.
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El diputado jalisciense desconoció a Javier Salinas como Gobernador interino de NL, aunque haya rendido protesta en el Congreso local, al señalar que no había ausencia de Samuel García, cuya licencia, dijo, está considerada a partir del 2 de diciembre, para cumplir con los seis meses que solicitó al Congreso local para buscar la candidatura presidencial de MC.
“Es un acto gravísimo, sin ausencia del Gobernador, porque no ha entrado en vigor ninguna licencia, se le toma la protesta a un supuesto Gobernador interino, que fue electo por el Congreso de Nuevo León, sin observar los requisitos constitucionales y legales”, sostuvo.
Álvarez Maynez insistió en que se violó la Constitución del estado, porque el presidente del Poder Judicial no puede ser, al mismo tiempo, titular del Poder Ejecutivo local.
“La Constitución de Nuevo León le prohíbe a los titulares de un Poder presidir otros. Poner los dos Poderes en la misma persona es una violación gravísima a la Constitución, al Estado de Derecho”, agregó.
El emecista consideró que Arturo Salinas es inelegible, porque no presentó una renuncia al Poder Judicial, sino una licencia que le daría, según los diputados, la posibilidad de regresar 6 meses después.
“Una persona que viola flagrantemente la Constitución no puede conducir el Poder Judicial de un estado”, aseguró.
La maniobra, dijo, muestra la desesperación y el atropello al que están dispuestos a llegar el PRI y el PAN en Nuevo León.
“No podemos permitir este golpismo de buitres que está sucediendo en Nuevo León, no hay vacío. Nuevo León tiene un Gobernador constitucional legítimamente y legalmente electo en las urnas por la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas de Nuevo León”, argumentó.
Los diputados locales PRI y el PAN, advirtió, no se pueden apropiar de una gubernatura y, mucho menos, de ponerla en manos de quien también preside el Poder Judicial.
Luego de dos años de la actual 65 Legislatura, no se ha procesado ninguna demanda de juicio político en San Lázaro, donde hay cerca de 200 solicitudes de legislaturas pasada y 40 más de la actual, pero que no procesan los diputados.
El último proceso de juicio político que se aprobó fue contra Rosario Robles, en marzo de 2020.
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