- Ejidatarios exigen la restitución del predio donde se construyó el Parador Turístico de Chiquilá.
MARCO ANTONIO BARRERA
LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- Representantes ejidales mantienen una pelea legal para que se les restituya un terreno que aseguran les fue arrebatado ilegalmente por el anterior gobierno del estado de Quintana Roo encabezado por Carlos Joaquín González, para construir sin su anuencia el Parador Turístico frente al muelle de Chiquilá.
La obra ejecutada por la Secretaría de Turismo estatal pretendió apoyar las actividades turísticas y desarrollar la imagen urbana con una inversión de 17.5 millones de pesos.
La inauguración y entrega de la infraestructura al municipio de Lázaro Cárdenas fue encabezada por la extitular de la dependencia estatal, Marisol Vanegas Pérez, y el entonces alcalde Nivardo Mena, en 2019.
El litigio jurídico lo encabeza el Comisariado Ejidal de Chiquilá, a través de su presidente Ignacio Cáceres Correa, el secretario Zacarias Moo Baas y el tesorero Zacarías Jiménez Ortiz, desde abril del año pasado.
En el juicio de amparo 29973223 radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito se acusa a la dependencia estatal de la zona norte de omitir dar una respuesta para que se les restituya la posesión de tierra perteneciente al núcleo ejidal.
Con una ampliación posterior de actos reclamados se acusó también al Ayuntamiento local de disponer de las instalaciones citadas como si fueran de su propiedad, a pesar de que la infraestructura señalada se cimentó sobre una fracción de terreno perteneciente al ejido.
- Verifican orden de comercio en vía pública en zona centro
- Atienden en Vifac a extranjeras embarazadas
- Concluye entrega de últimas 100 actas extemporáneas
A la demanda gestionada por los comuneros se le concedió una suspensión de plano que se mantiene vigente y que ordenó al Ayuntamiento no disponer de la fracción del predio citado, y se abstuviera de continuar con las obras en suelo perteneciente al ejido, el 13 de junio de 2022.
A los quejosos, por el contrario, se les permitió que las autoridades responsables les fuera entregada la posesión de tierras de naturaleza ejidal que hayan sido utilizadas para la construcción del proyecto denominado “Parador Turístico Chiquilá”, en el cual se invirtieron originalmente recursos federales y estatales.
La misma resolución judicial que espera una sentencia definitiva estableció que los ejidatarios deberán abstenerse de modificar, disponer o destruir la construcción del parador turístico desde donde parten las embarcaciones a la isla de Holbox.
El cumplimiento de la protección constitucional se realizó con la entrega-recepción de la fracción de tierras reclamadas, el 6 de julio del año pasado.
El caso, lejos de vislumbrar una solución inminente, parece que se prolongará, pues los quejosos ampliaron su demanda a la vigencia del Acuerdo de ejecución de obra pública para el mejoramiento de la imagen urbana de Chiquilá del municipio de Lázaro Cárdenas.
El acuerdo citado estuvo a cargo de la dependencia estatal y el Ayuntamiento local con sede en Kantunilkín, el 11 de agosto de 2006, al cual se le hicieron cambios el 11 de diciembre del mismo año.
El documento fue signado por la entonces secretaria de turismo estatal, Gabriela Margarita Rodríguez Gálvez, con la intervención de los subsecretarios de Infraestructura Turística, y de Desarrollo Turístico, Humberto Vidal Russi y Juan Pedro Mercader, así como del director de Proyectos de Infraestructura Turística, Omar Govea Hernández.
Por parte del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas participaron el expresidente municipal Secundino Eladio Cab Unicab y su director de Obras Públicas, Mariano Canul Moo.
La resolución del amparo se ha retrasado también por la integración de una prueba pericial en topografía para determinar los linderos del suelo ejidal y la superficie afectada por la infraestructura turística.
La tardanza fue al designar al perito oficial en materia de topografía, y la nula disponibilidad de ese tipo de especialistas que le fue solicitada a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República, y a la Dirección de Servicios Periciales de la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
Igualmente, a las universidades Universidad La Salle y Anáhuac de Cancún, la dirección de Catastro Municipal de Benito Juárez, y la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
La misma petición se formuló sin éxito al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, y de Quintana Roo, a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Superior de Arquitectos (Tecamachalco) del Instituto Politécnico Nacional.
El peritaje fue solicitado por los promoventes desde más de un año antes, hasta que finalmente la elaboró un perito oficial de un juzgado de Distrito de Yucatán, con sede en Mérida.
El amparo se mantiene a la espera de su resolución, aunque en el último acuerdo público, el Ayuntamiento solicitó que se impusieran sanciones por daños ocasionados a un bien inmueble, el miércoles pasado.
