- En los juzgados federales de Quintana Roo radican dos solicitudes de amparo promovidas por Ofelia González Whitt.
MARCO ANTONIO BARRERA
SOLIDARIDAD, Q. ROO.- En los juzgados federales de Quintana Roo radican dos solicitudes de amparo promovidas por Ofelia González Whitt, quien reclama medidas cautelares ante posibles órdenes de aprehensión en su contra.
En una de las peticiones legales se señala como autoridad responsable a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Quintana Roo y, la otra involucra a un Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.
La solicitante aparece como accionista en el acta constitutiva de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Desarrolladora de la Riviera Maya, S.A. de C.V., que fue creada mediante la escritura pública 16,337 del Volumen 79, el 17 de diciembre de 1999.
La compañía citada se constituyó en la gestión del exgobernador Joaquín Hendricks, con la participación accionaria del Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo (51%) y de Ofelia González Whitt (49%), quien es señalada como pareja de Francisco Rangel Castelazo.
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En el objeto social de la empresa quedó asentado que era ejercer la propiedad y posesión para fraccionar, lotificar, desarrollar y comercializar el predio “Chen Zubul”, con superficie aproximada de 270 hectáreas (ha) 20 áreas y 42 centiáreas.
La misma compañía fue dada de alta con el Folio Mercantil Electrónico 1052 del Registro Público de Comercio de Playa del Carmen, el 4 de diciembre de 2001, para dirigir la entrega y ocupación (poco clara) de terrenos nacionales que debieron cederse de manera gratuita a los primeros pobladores de Playa del Carmen.
Ante las quejas del retraso en el procedimiento, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal anunció la recuperación de casi 2 mil predios en la Colonia Luis Donaldo Colosio, cuyo sitio se fundó sobre 180 ha.
El primer amparo solicitado por Ofelia González está radicado en el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Cancún, bajo el número de expediente 34138739, mediante el cual reclama “la orden de detención emitida en su contra, así como su ejecución”, el 18 de diciembre pasado.
A través de una resolución dictada por el juez federal se concedió una suspensión provisional para que no sea presentada ante las autoridades responsables con el uso de la fuerza pública, ni sea privada de su libertad, aunque se estipula que quedará a disposición del juzgado federal respecto a su libertad personal.
La protección legal no impide ni es obstáculo “para que las autoridades ministeriales que señala como responsables, continúen con su investigación y la vigilancia que estimen pertinente”.
La protección temporal únicamente tendrá vigencia desde que sea detenida para quedar a disposición del juzgado federal en cuanto a su libertad personal en el lugar que sea recluida, y a disposición de la autoridad legalmente competente encargada del procedimiento legal respectivo.
La medida de protección resuelta (el miércoles pasado) otorga también medidas cautelares contra las consecuencias de una orden de citación o presentación.
“Para que no comparezca al desahogo de diligencias en la carpeta de investigación correspondiente y, por ende, no sea restringida momentáneamente su libertad”.
La orden de citación y presentación dictada por el Agente del Ministerio Público, se aclara, no es requisito indispensable para integrar la carpeta de investigación ni impide su continuación, con lo cual la autoridad ministerial estará en posibilidad de formular la acusación, en caso de ser procedente.
En el fallo judicial se aclara que la medida provisional quedó condicionada al pago de una garantía económica de 17 mil pesos, la cual debe ser exhibida a través de una póliza de fianza o billete de depósito.
La vigencia del documento deberá permanecer durante todo el tiempo que dure el trámite del juicio o la quejosa perderá sus efectos protectores.
El plazo impuesto para realizar el pago fue en un máximo de cinco días, con lo que se activará la medida que se fijó “dada la posibilidad de que la parte quejosa se sustraiga de la acción de la justicia”.
El segundo juicio de garantías está radicado en el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún, bajo el expediente 34138110, mismo que fue tramitado el 19 de diciembre pasado.
La solicitante reclamó igualmente una orden de aprehensión y otros hechos que pudieran girar en su contra por el Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y otras autoridades.
La resolución emplazó a la demandante a que enliste (en un plazo no mayor a cinco días) a las autoridades que atribuye la supuesta detención, entre los que podría estar también un juez con residencia en el Estado de México.
“Queda apercibida la parte prominente que, de no cumplir con lo requerido en el lapso indicado, se admitirá la demanda únicamente respecto de las autoridades con residencia en el estado de Quintana Roo”.
