Por KUKULKÁN
EL RECIENTE decreto con que Fonatur traspasó a gobiernos estatales y municipales los recursos para el mantenimiento de los Centros Integrales Planeados (CIP) del país, ha generado un debate apasionado en Quintana Roo entre opiniones divergentes que pusieron sobre la mesa el análisis tanto de los pros como de los contras de esta medida que para unos promete remodelar el panorama turístico de la región, pero para otros implica más carga para el gobierno del estado.
SI BIEN este recibirá fondos públicos y activos (inmuebles e infraestructura) para cumplir con la operación, la gran responsabilidad será dar mantenimiento y cuidado óptimo a las áreas públicas de los 22.5 kilómetros de la zona hotelera de Cancún, extendidos a lo largo de la Costa del Mar Caribe sobre los que operan 187 hoteles con más de 35 mil habitaciones de diversas categorías y estilos; desde lujosos resorts de 5 estrellas hasta opciones más asequibles para los viajeros, que diariamente demandan servicios de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, limpieza y seguridad.
ESTA área se ha convertido en uno de los destinos turísticos más emblemáticos a nivel mundial y el reto del gobierno del estado no sólo es mantener sino superar el nivel de servicios que deja de otorgar Fonatur con el decreto, al menos ese es el mayor anhelo de quienes integran la industria turística cuyos más escépticos empresarios ven más perjuicios que beneficios y por lo mismo pronostican que la medida terminará asfixiando al gobierno del estado. Pero también hay quienes por el contrario opinan que la administración directa de la zona hotelera da mayor autonomía y poder a las autoridades locales, lo que siempre había querido la clase político local.
DURANTE el año pasado el gobierno federal destinó un presupuesto superior a los 130 millones de pesos para mantenimiento y conservación de los CIP (5.6% más que en 2022), esos recursos ahora se van a repartir proporcionalmente entre los gobiernos de los estados para cumplir con la nueva misión. Entre los pros del decreto uno de los argumentos a favor es que la desincorporación permitirá a las autoridades locales tener un mayor control sobre el desarrollo turístico en la zona. Esto podría llevar a una planificación más específica y adaptada a las necesidades de la comunidad.
ALGUNOS críticos al decreto esgrimen que la desincorporación podría llevar a la exclusión de la participación de la población local en el desarrollo de la zona, ya que las grandes corporaciones podrían tomar el control. Esto podría resultar en la pérdida de empleos y la expulsión de residentes de bajos ingresos. Otros temen un impacto ambiental por la construcción desenfrenada de más cuartos de hotel, así como de la falta de una regulación rigurosa para evitar que se pongan en peligro los ecosistemas costeros y la biodiversidad.
ES EVIDENTE que este decreto tiene implicaciones profundas y variadas. La clave está en encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del entorno y la comunidad local. Es esencial que las autoridades, empresarios y la sociedad trabajen en conjunto para garantizar que Cancún continúe siendo un destino turístico de clase mundial que beneficie a todos. En este proceso de transformación, es vital escuchar a todas las voces y considerar los impactos a corto y largo plazo. La atención, el interés, el deseo y la acción son las claves para abordar este desafío con responsabilidad y sabiduría, y lograr un resultado que beneficie a todos los involucrados.
