- Claudia Romanillos, exdirectora del extinto IPAE, ganó batalla legal.
MARCO ANTONIO BARRERA
CHETUMAL, Q. ROO.- La exdirectora del extinto Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), Claudia Romanillos, tiró las sanciones que le impuso la Contraloría General del Estado de Quintana Roo, al incurrir en la presentación extemporánea de su declaración patrimonial por conclusión en el cargo.
La exfuncionaria borgista justificó que se trató de “un descuido involuntario” y pudo acreditar legalmente que no se le debió aplicar sanción alguna en el procedimiento número S.C.A/A/29/2018 que resolvió la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia estatal, el 25 de febrero de 2022.
Romanillos Villanueva presentó un total de 11 declaraciones patrimoniales a su paso por la administración pública, pero al separarse del cargo (9 diciembre de 2016), incumplió con el plazo establecido de 30 días naturales para presentar la conclusión del balance de su patrimonio personal.

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La pena decretada en un juicio de nulidad consistió en el pago de una sanción económica equivalente a cinco meses de salario mínimo (actualmente tasada con la Unidad de Medida y Actualización) y la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante 1 año.
La multa económica equivaldría a 11 mil 474.5 pesos del año que se impuso, equivalente a cinco veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que para entonces era de 2 mil 294.90 pesos por cada 30 días.
El procedimiento administrativo y legal duró más de 6 años, desde que la Coordinadora General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Estado inició el juicio de nulidad, el 17 de octubre de 2017.
En el artículo 87 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo se establece a la persona que incurra la omisión de presentar la declaración patrimonial por conclusión sin causa justificada, se le aplicará una sanción de hasta cinco meses de salario mínimo y la inhabilitación para laborar en el servicio público hasta por un año.
La exfuncionaria calificó la pena como arbitraria al no existir una sanción por presentar el balance fuera del plazo establecido, y desproporcionada económicamente al no tomarse en cuenta legalmente la gravedad de la responsabilidad, de la que en su caso no obtuvo algún beneficio, ni causó daño o perjuicio económico al erario público.
Otro de los argumentos externados es que a pesar de presentar el balance patrimonial fuerza de plazo “su intención no fue la de impedir el ejercicio de las facultades de fiscalización de la Contraloría”.
La presentación extemporánea ocurrió el 9 de diciembre de 2016, tres días antes de que iniciara el procedimiento administrativo sancionador, el cual comenzó con una audiencia el día 16 del mismo mes.
La invalidez del procedimiento sancionador fue decretada en la sentencia del amparo directo 29857251 del Segundo Tribunal Colegiado con sede en Quintana Roo, cuya resolución se dictó el 28 de febrero pasado.
El fallo protector dictado por unanimidad de tres magistrados ordenó a la Sala Constitucional a dejar sin validez la sentencia impugnada y emitir otra en la que se justifique legalmente la continuación del procedimiento administrativo sustentado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De aplicación del ordenamiento legal citado, se destacó, “no debió continuarse el procedimiento administrativo de origen ni imponer sanción alguna por haber presentado extemporáneamente su declaración patrimonial”.
Claudia Romanillos está vinculada a la trama de corrupción que tejió el exgobernador Roberto Borge Angulo, misma que ha recurrido a los amparos para combatir las acciones legales emprendidas en su contra.
Uno de sus triunfos jurídicos fue conseguir que un Juez de Control diera la orden de liberar cuatro propiedades (dos en Playa del Carmen, uno en Chetumal y otro en Cancún) intervenidas registralmente por 4 años y 7 meses, en agosto de 2022.
La ex funcionaria enfrenta una acusación de lavado de dinero por 800 millones de pesos, por presuntamente utilizar el cargo público para comercializar predios de gran valor comercial a precios de remate, que benefició a personas allegadas y familiares de Borge Angulo.
Por esos mismos hechos, un Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal liberó una orden de aprehensión en su contra que es igualmente impugnada mediante un juicio de garantías.
