- Cámara de Diputados aprobó una legislación que transfiere la responsabilidad financiera en la gestión de desastres naturales a estados y municipios.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.- Dominada por la mayoría de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó una legislación que transfiere la responsabilidad financiera en la gestión de desastres naturales a estados y municipios.
Esta decisión ha suscitado fuertes críticas, particularmente de Mayuli Martínez Simón, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México al Senado de la República, quien calificó la medida de “imprudente”.
Como primer inconveniente, Martínez Simón destacó la incapacidad económica de los estados y municipios para enfrentar los desafíos que han representado huracanes devastadores como Gilberto en 1988 y Wilma en 2005, entre otros.
La candidata señaló específicamente el caso de Acapulco, argumentando que el gobierno federal ya había experimentado con esta estrategia, dejando en el abandono al conocido destino turístico.
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Al hacer hincapié en la experiencia de Quintana Roo, donde la colaboración entre los niveles de gobierno permitió una recuperación rápida tras desastres naturales, Martínez Simón argumentó que la nueva ley pone en peligro no solo a los municipios sino a todo el estado.
Y por si eso fuera poco, subrayó la carga desproporcionada que ahora deben soportar las entidades federativas y municipales, obligadas a destinar recursos ya escasos para seguros contra desastres.
La precaria situación financiera de Quintana Roo, catalogado como el tercer estado más endeudado del país, agrava el escenario. Martínez Simón cuestionó la viabilidad de manejar emergencias de desastre con recursos tan limitados, y destacó la vulnerabilidad de municipios económicamente débiles dentro del estado.
Además, criticó la decisión del gobierno federal de extinguir el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), enfatizando la drástica reducción de sus recursos y cuestionando el destino de los fondos previamente disponibles.
Martínez Simón concluyó haciendo un llamado a replantear la legislación para asegurar una política de protección civil inclusiva, sostenible y efectiva, con el respaldo de una infraestructura financiera y operativa sólida a nivel federal, subrayando la importancia de priorizar la vida y el bienestar de la ciudadanía en la respuesta y preparación ante desastres naturales.
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