- Margarito Ramírez, gobernador del entonces territorio federal de Quintana Roo, de 1944 a 1959, señalado como traficante por la Dirección Federal de Seguridad.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- El tráfico de drogas, armas, licores, maderas preciosas y textiles fue tolerado durante varias décadas en Quintana Roo. Documentos de la antigua policía política —bajo resguardo del Archivo General de la Nación (AGN)— dan cuenta del contrabando de bienes ilegales, auspiciado por políticos, desde los tiempos en que el hoy estado era territorio federal y hasta la mitad de la década de 1980.
El expediente sobre el trasiego de bienes ilegales en Quintana Roo refiere el involucramiento de legisladores, funcionarios y policías de los tres órdenes de gobierno.
Desde un gobernador hasta diputados y funcionarios del Instituto Nacional de Migración, según las fichas elaboradas por los agentes de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Destaca el caso de quien fuera gobernador del entonces territorio federal de Quintana Roo por 14 años, de 1944 a 1959, Margarito Ramírez. Se le señala de traficar maderas preciosas y otros recursos quintanarroenses.
En una ficha, elaborada por agentes de la DFS en octubre de 1947, se informa de las andanzas de Margarito Ramírez:
“Gobernador de Quintana Roo que ampara todas las violaciones a la Ley de Pesca que [se] están cometiendo en las Islas de Cozumel y Mujeres. El C. Gobernador es más bien conocido con el nombre del ‘CACIQUE de la Península de Quintana Roo (sic.)’”.
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La DFS tenía motivos para acusar a Margarito Ramírez ante el gobierno federal, más que por su participación en presuntos delitos, por traicionar al régimen: “Este Sr. en la campaña política de la sucesión de poderes, fue uno de los elementos que se expresaron mal del Sr. Presidente, antes de consolidar su triunfo (sic)”.
En su reporte al presidente de la República, la DFS pudo ofrecer los puntos débiles del entonces gobernador del territorio federal de Quintana Roo: “Margarito, en los fantásticos negocios de exportación de maderas preciosas, se asegura que el propio Margarito, soborna, compra o catequiza a todos los empleados federales que puedan estorbarle en sus maniobras” (sic).
A pesar de la información que tenía la DFS, el caso nunca se judicializó ni llegó a los medios de comunicación. El exgobernador moriría en 1979, es decir, 20 años después de dejar el cargo sin que fuera expuesta públicamente la información que sobre él tenía el Estado mexicano.
No es el único caso. Una ficha más está fechada el 17 de septiembre de 1956. Señala al entonces diputado federal Aarón Pérez como copartícipe del contrabando de licores y telas.
Se asientan nombres de sus supuestos cómplices: Rogelio Azueta y Abraham Sosa. Y se advierte que el señalado Aarón Pérez buscaba ser gobernador del entonces territorio federal de Quintana Roo y ya recababan firmas para ello.
Otra de las fichas, elaboradas por agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS), está fechada el 23 de septiembre de 1965.
Consigna el involucramiento de un empleado del Instituto Nacional de Migración, de nombre Jorge Erosa, en el contrabando de armas.
Según el documento, en esta época el tráfico de armas en la región estaba liderado por una persona de nombre Thomas Lloyd Kingsbury Graves Jr. Las armas eran introducidas desde Belice al entonces territorio de Quintana Roo.
De hecho, varias de las fichas elaboradas en las décadas de 1960 y 1970 sobre la situación que guardaba la entidad, se refieren a la presencia de contrabandistas de armas, drogas, licores e, incluso, telas. Varios reos purgaban penas por estos delitos.
Uno de estos reos fugados fue Ángel Vega Gómez. La madrugada del 20 de junio de 1979 se escapó de Puerto Progreso, Yucatán. A este lugar había sido trasladado luego de que fuera detenido por contrabando de armas en la garita de Caobas (Othón P Blanco), Quintana Roo.
En varias fichas se consigna que un avecindado en Chetumal, de nombre Carlos Roger Rodríguez Moguel, es contrabandista de armas. A pesar de que la DFS le señala reiteradamente en la segunda mitad de la década de 1970 y en la primera mitad de la de 1980, nunca fue llevado a tribunales. Incluso se especifican sus trayectos entre Chetumal, Quintana Roo, y Mérida, Yucatán.
Según los documentos, los traficantes de armas tenían al naciente estado de Quintana Roo como una de sus principales vías de acceso al territorio mexicano. En mayo de 1978, el entonces comandante de la Quinta Zona Aduanal, Alfonso Navarro Prieto, reportó la llegada de los barcos Weser Carries y Ocean Sereel. Entre su carga se halló un arsenal que fue desembarcado en “la garita que está entre Quintana Roo y Belice”.
Para 1984 —diez años después de que Quintana Roo dejara de ser territorio federal y se convirtiera en estado de la República— se juzgaba necesario atender el problema del narcotráfico con mayor énfasis.
Una ficha de la DFS, fechada el 18 de octubre de 1984, da cuenta de la visita de enviados de la Procuraduría General de la República para dialogar sobre el tema con el entonces gobernador quintanarroense, Pedro Joaquín Coldwell.
Las reuniones se realizaron tanto en Chetumal como en Cancún. Por entonces, las acciones del llamado Cártel de Guadalajara ya eran famosas en toda la República. La organización de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo también utilizó la Península de Yucatán para el desembarco y embarco de droga.
