- Ministros y jueces han sido exhibidos por el presidente AMLO, por estar al servicio de los potentados y actuar en contra del pueblo.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar constitucionalmente al Poder Judicial federal obedece a la corrupción y la impunidad que prevalece entre algunos jueces, magistrados y ministros.
En diversas conferencias mañaneras, el jefe del Ejecutivo ha señalado que la justicia, con honrosas excepciones, está al servicio de potentados y de la mafia del poder económico y político, sin que se represente al pueblo.
El mandatario ha puesto nombre y apellido a funcionarios judiciales, como lo hizo con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a quien acusó de simular la entrega de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, que supuestamente destinaría a las familias damnificadas por el huracán “Otis” en Guerrero el año pasado.
Igualmente, ha reprochado que con un “doble discurso” alentó la presentación de amparos para evitar la transferencia de recursos, y de dar “manga ancha” a jueces que ordenan la liberación de presuntos delincuentes.
En señalamiento criticó que mantuviera a Sonia Vargas en un cargo del Consejo de la Judicatura Federal, a pesar de que la funcionaria se desempeñó como directora de Recursos Materiales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, cuando Genaro García Luna, (preso en los Estado Unidos por delitos de narcotráfico), era el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
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El titular del Ejecutivo federal ha dicho también, en otras conferencias mañaneras, que los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán votaron a favor de la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.
Además, de que junto con su par en aquel momento José Ramón Cossío (ahora ministro en retiro), se impidió que procediera una investigación y castigo contra los presuntos responsables del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores de edad, en 2009.
Al ministro Javier Laynez lo ha señalado de conceder una medida cautelar que frenó la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial que albergan recursos por 15 mil millones de pesos.
Al mismo ministro lo culpó también de intervenir en el intento del gobernador Samuel García de contender en la elección presidencial por Movimiento Ciudadano, y de amparar a una empresa contra el decreto que prohibió la venta de vapeadores y cigarros electrónicos.
En otros casos relevantes mencionados por López Obrador se ha puesto nombre y apellido a funcionarios judiciales, como la jueza federal Adriana Yolanda Marroquín que concedió un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La protección federal evitó el cumplimiento de una orden de aprehensión girada por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en 2022.
Otros señalamientos han consistido en que desde el Poder Judicial federal se otorgaron amparos que dieron libertad a 80 personas involucradas en la desaparición de los jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, y aunque entre algunos se comprobó que fueron víctimas de tortura, otros que habían participado en los hechos quedaron igualmente libres.
Otras resoluciones de jueces federales han otorgado la libertad a personajes de grupos delincuenciales, como el presunto fundador del Cártel de Sinaloa, Héctor “Güero” Palma, aunque se pudo evitar su libertad al acusarlo de otros delitos.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en el Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez, ha informado también desde la misma tribuna que integrantes de organizaciones delincuenciales, como Abraham Oseguera “Don Rodo” salió del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, luego de que un juez federal no valoró adecuadamente las pruebas aportadas por la Fiscalía para sustentar la detención.
Igualmente lo hizo el exsubsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, quien en una conferencia mañanera del 2 de septiembre de 2022, aseguró que Rafael Caro Quintero fue absuelto y dejado en libertad mediante un amparo.
El acusado enfrentaba delitos contra la salud, introducción de armas y asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad y homicidio calificado del exagente Enrique Camarena Salazar, por lo que recibió una condena de 40 años de prisión, en junio de 2009.
Fue la inconformidad del Ministerio Público, que el caso se revisó en la Primera Sala de la Corte, y se encontró responsabilidad en secuestro y homicidio, con la imposición de una pena de 73 años con 9 meses, pero ante un máximo establecido de 40 años, únicamente le restan por cumplir 11 años, 7 meses y 25 días.
El mismo exfuncionario citó el caso del juez federal Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, que determinó no vincular a proceso a un presunto integrante del Cártel Independiente de Colima.
O un Juez de Control de la Primera Región en el Primer Distrito con sede en Ciudad Victoria que determinó también no vincular a proceso al líder de una organización delictiva detenido en San Luis Potosí en 2020, aunque después nuevamente se le aprehendió y se sometió a juicio en 2022.
Igualmente, el otorgamiento de medidas cautelares a 23 personas acusadas de extorsión con el uso de aplicaciones digitales, del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez.
El mismo exfuncionario citó a la jueza octava de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Baja California, Viviana Judith Juárez, por dejar libres a tres personas detenidas por un procedimiento supuestamente ilegal en 2020, 2021 y 2022.
El presidente López Obrador ha reiterado desde sus conferencias de prensa que las decisiones de los jueces han repercutido en la inseguridad y la impunidad, lo cual refleja que el Poder Judicial “está podrido”.
El reproche del mandatario igualmente ha sido que durante el gobierno del expresidente Vicente Fox no procedían los amparos contra los excesos en la extracción minera o la explotación del agua en defensa de intereses particulares.
