Desempolvan torturas de Caso Cassez

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Desempolvan torturas de Caso Cassez
  • Hoy otra vez está en litigio la reapertura de la investigación contra ex colaboradores de Genaro García Luna, por las supuestas torturas a Israel Vallarta Cisneros, ex novio de Florence Cassez.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque en los últimos 18 años el caso ya ha sido archivado en dos ocasiones, hoy otra vez está en litigio la reapertura de la investigación contra ex colaboradores de Genaro García Luna, por las supuestas torturas a Israel Vallarta Cisneros, ex novio de Florence Cassez.

Luis Cárdenas Palomino -hoy preso- y Francisco Javier Garza Palacios, ex directores de Investigación y de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigación, junto con otros agentes, fueron acusados de torturar al presunto plagiario, tras capturarlo el 8 de diciembre de 2005 en el Rancho Las Chinitas.

De acuerdo con documentos ministeriales y judiciales, antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 7 de abril de 2017, la entonces Procuraduría General de la República archivó la averiguación previa 147/DGDCSPI/1975/2006, porque no halló pruebas para incriminar a los denunciados. Fue la primera vez en que cerró el caso.

En la presente administración, la Fiscalía General de la República (FGR) inició dos carpetas de investigación –que fueron acumuladas en una sola– pero el 23 de febrero de 2021 volvió a archivar la indagatoria por segunda ocasión, porque estimó que ya era cosa juzgada.

Ese segundo expediente fue iniciado en 2019, pero era consecuencia de una solicitud que Vallarta hizo el 24 de abril de 2017 al juez de la causa, para que diera vista o denunciara ante la FGR los resultados del Protocolo de Estambul, que concluyeron que fue víctima de tortura.

Vallarta hizo esa petición 17 días después de que la entonces PGR resolviera el primer “carpetazo”.

Como nada sucedió por más de dos años, el 17 de julio de 2019 María Guadalupe Vallarta, hermana del acusado, presentó un escrito a la FGR para pedir informes de las acciones llevadas a cabo, tras la vista del juez, con la finalidad de “comparecer y aportar datos de prueba para la debida integración del hecho victimizante de tortura”.

El 8 de agosto de 2019 la FGR informó al juez del proceso que había iniciado una carpeta de investigación, derivado del escrito de la hermana de Vallarta, sin embargo, en febrero de 2021 la Fiscalía archivó por segunda vez la indagatoria, porque el caso ya había sido investigado y cerrado y no se podía violar el principio de cosa juzgada.

Cárdenas Palomino está preso en el Penal del Altiplano, sujeto a juicio por supuesta tortura, pero en agravio de familiares de Vallarta, detenidos por la Policía Federal en 2012 y también presos por el delito de secuestro.

‘CARPETAZO FRAUDULENTO’

La defensa de Vallarta impugnó este último “carpetazo” y en una audiencia del 14 de mayo de 2021 el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó reabrir la investigación, porque en su opinión había una “cosa juzgada fraudulenta”, dada la parcialidad de la FGR.

“En cuanto a la imparcialidad de quien emitió la resolución, tenemos que sólo se tomaron en cuenta medios de prueba que favorecieron la actuación de la entonces PGR y la AFI, Protocolos de Estambul como medios de prueba que fueron practicados por peritos no certificados, que no utilizaron el formato especial para casos de denuncia en la práctica de tortura”, dijo Delgadillo.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos generó un concepto llamado ‘cosa juzgada fraudulenta’, proveniente del caso Carpio Nicole y otros contra Guatemala y lo definió como la actividad defectuosa de la autoridad, cuando uno, no se respetaron las reglas del debido proceso o dos, no se actuó con independencia e imparcialidad, con lo que se pretende eximir al estado de cumplir la obligación de investigar y sancionar las sentencias emanadas de procedimientos que no cumplen estándares legales mínimos”.

En diciembre de 2015 la PGR acordó consultar el archivo de la averiguación previa, pero fue hasta el 7 de abril de 2017 cuando decidió cerrar el caso por vez primera.

Entre las violaciones al debido proceso, el juez de control menciona que Vallarta no fue notificado “de tal forma” de esa consulta para archivar el expediente y por eso después su amparo contra el “carpetazo” fue desechado.

Delgadillo Padierna también afirmó que el año y cuatro meses que tardó la PGR en dictar el primer “carpetazo”, era una transgresión al principio de una impartición de justicia pronta y expedita.

Dijo que durante ese espacio temporal, se practicó el Protocolo de Estambul que concluye que Vallarta fue torturado y, sin embargo, la FGR ya no tomó en cuenta ese dictamen por haber sido presentado en forma extemporánea, en abril de 2017, cuando ya había archivado por primera vez el caso.

DISPUTAN REAPERTURA

Un juez de amparo, sin embargo, canceló la reapertura de la investigación por las supuestas torturas a Israel Vallarta, porque estimó que Delgadillo Padierna tomó esa decisión en una audiencia en la que no citó a los indiciados, en mayo de 2021.

Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, consideró que la determinación de su homólogo violó los derechos de defensa y de audiencia de los agentes y mandos policiacos señalados por las presuntas vejaciones.

Así lo sentenció al conceder el amparo a Francisco Javier Garza Palacios, ex director de Operaciones Especiales de la AFI, y los ex agentes Germán Ovidio Zavaleta Abad y Carlos Alberto Servín Castorena.

“Se transgredieron en perjuicio de los peticionarios de amparo, los derechos de audiencia y derecho de defensa, así como el principio de contradicción; dado que en la audiencia de 14 de mayo de 2021, no quedó justificado legalmente que la parte investigada aquí identificada como parte quejosa, fueran citados y pese a tener conocimiento de ello, no acudieron a la celebración de la audiencia de impugnación”, dice una de las sentencias de amparo.

Sena instruyó al juez de control citar a una nueva audiencia con la presencia e intervención de todos los investigados y sus defensores, y resolver con libertad de criterio si reactiva o no la indagatoria.

La FGR ya impugnó el fallo de Sena, razón por la que será un tribunal colegiado el que resuelva en definitiva si se celebra una nueva diligencia para debatir la reapertura de una investigación que inició hace 18 años.

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