Temen los Ballesteros aprehensión federal por caso Aguakan

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  • Jorge Ballesteros Zavala, director general de Grupo Mexicano de Desarrollo.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los empresarios Jorge Ballesteros Franco y Jorge Ballesteros Zavala siguen temerosos de que se libere una orden de aprehensión federal en su contra por el caso Aguakan.

El presidente del Consejo y el director general de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), respectivamente, que es el accionista mayoritario de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, conocida comercialmente como Aguakan, recurrieron nuevamente al amparo ante juzgados radicados en Quintana Roo.

El supuesto mandamiento judicial contra el cual buscan protegerse está vinculado por una denuncia interpuesta por las autoridades estatales relacionada con un presunto fraude procesal que la compañía habría incurrido al mentir durante un amparo.

El caso tiene que ver con la terminación anticipada del título para la prestación del servicio de agua potable mediante un decreto aprobado por el Congreso del Estado, el cual habría concluido el 31 de diciembre pasado.

La empresa defiende que el plazo finiquita en 2053, ante lo cual llevó el asunto ante un Juzgado de Distrito, en el que presuntamente proporcionó información incorrecta sobre la operación e inversión del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

Aguakan es la encargada de suministrar el vital líquido y atender el alcantarillado de zonas habitacionales, hoteles y empresas, lo cual le ha generado un reclamo general por tarifas abusivas y la falta de una presión adecuada del líquido por la omisión de invertir en infraestructura que se traduce en la prestación deficiente en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.

Los amparos de los directivos se interpusieron el 26 de junio pasado; el caso de Ballesteros Franco se radicó con el número 3589705, y el de Ballesteros Zavala con el registro 35892689, ambos en el Juzgado Séptimo de Distrito de la entidad.

En ambos trámites se solicitó la protección federal contra la orden de aprehensión de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo.

A los juicios de garantías que caminan en paralelo se les otorgó la suspensión provisional condicionada al pago de una garantía de 14 mil pesos, y a Ballesteros Zavala se le negó la suspensión definitiva, mientras el otro asunto sigue sin dictarse esa misma resolución.

Los dos accionistas del GMD tramitaron antes la misma solicitud de medidas cautelares, pero contra una eventual orden de detención de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de los jueces penales del estado y adscritos al Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en marzo pasado.

Igual que ahora, ambos ejecutivos tramitaron los amparos el mismo día (25 de marzo pasado), pero fueron analizados por juzgados de Distrito distintos.

Al amparo de Ballesteros Zavala se le asignó el número 35082719 en el Juzgado Tercero de Distrito, y al de Ballesteros Franco el número 35078675 del Juzgado Cuarto radicado en la entidad quintanarroense.

A los empresarios se les concedió entonces la suspensión provisional, pero únicamente contra actos que afectan su libertad. A Ballesteros Zavala se le condicionó la protección legal con el pago de una garantía de 5 mil pesos.

A uno y al otro se les negaron medidas cautelares para que fueran llamados a comparecer y conocer los hechos que se investigaban, con lo cual tendrían acceso a la carpeta de investigación.

La pretensión legal consistió en tratar de enterarse de los detalles del caso, aunque no hubieran sido imputados, para supuestamente garantizar su defensa legal.

Posteriormente, se les negó la protección definitiva y, finalmente, su reclamo se dejó en el mismo estado en que comenzó al sobreseer el caso, para Ballesteros Zavala el 24 de abril, y para Ballesteros Franco el 5 de junio del presente año.

La sentencia dictada justificó que ambos casos se cerraron ante la inexistencia de la supuesta orden de aprehensión, entre jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio adscritos al Centro de Justicia Penal Federal de Quintana Roo, y del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia, así como del Juzgado Penal de Cancún.

Tampoco se comprobó la existencia de mandamientos de las fiscalías especializadas en el combate a Delitos Patrimoniales, a la Corrupción y de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la FGE.

Los dos amparos se fueron al archivo el miércoles pasado, el mismo día en que se presentaron los dos amparos de los empresarios citados.