- La campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela estuvo marcada por denuncias de la oposición sobre detenciones de dirigentes y activistas políticos.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CARACAS, VENEZUELA.- La campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela estuvo marcada el domingo por denuncias de la oposición sobre detenciones de dirigentes y activistas políticos.
El dirigente opositor Perkins Rocha denunció en una rueda de prensa la detención de ocho personas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en los estados de Carabobo, Monagas, Anzoátegui y Portuguesa.
Refirió que entre los detenidos se encuentran la dueña y dos ayudantes del camión que usaron la dirigente opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González para un recorrido el sábado por las calles de Valencia.
Agregó que los detenidos fueron presentados ante los tribunales acusados, entre otros cargos, por “supuestas lesiones a funcionarios públicos” y actos de “extorsión”.
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Rocha, del Comando Nacional de Campaña de Vente Venezuela, movimiento político al que pertenece Machado, hizo un llamado a los miembros del Consejo Nacional Electoral para que atiendan esa situación tras señalar que “bajo sus hombros descansa la responsabilidad de que los jugadores compitan transparentemente”.
“Estamos viendo una escalada en la represión” no sólo de dirigentes políticos y comandos de campaña, sino de “personas que lo único que han hecho es ofrecernos sus servicios”, afirmó, por su parte Machado al cierre de un acto proselitista en Universidad Central de Venezuela en apoyo a la candidatura de González.
González, candidato de la coalición opositora, y Maduro, quien busca su tercer mandato, son los que mayor probabilidad tienen de ganar los próximos comicios presidenciales, frente a otros ocho postulantes con pocas opciones, y muchos de los cuales representan a organizaciones políticas cercanas al gobierno, según analistas.
Machado, quien debió ser reemplazada por González ante una inhabilitación política, calificó la situación como violatoria de “todos los términos de una competencia justa” y alertó a los observadores internacionales sobre la situación.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental de defensa de los Derechos Humanos, dijo a la agencia AP que algunos de los detenidos no han podido contactar con los abogados para ejercer su defensa.
Según el Foro, hasta el 8 de julio se reportaban 287 “presos políticos”.
