Bajo la lupa, las cuentas de Aguakan

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  • El procedimiento administrativo de CAPA hacia Aguakan está establecido en el artículo 40 del Código Fiscal de Quintana Roo.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo auditará a la empresa Aguakan para constatar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El organismo, a través de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, ejecutó una revisión de gabinete, con el cual auditará la información contable de los ejercicios fiscales 2022 y 2020.

El procedimiento administrativo señalado en el Código Fiscal estatal establece entre sus objetivos detectar también adeudos o la comisión de posibles delitos en que pudieran incurrir los contribuyentes.

La orden más reciente fue notificada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (que opera comercialmente como Aguakan) mediante el oficio CAPA/DG/CJ/0481/2024 respecto al año 2022, emitido el 21 de agosto pasado.

Otro requerimiento anterior se hizo mediante el documento CAPA/DG/0256/2024 respecto de 2020, notificado el 15 de mayo de este mismo año.

Las comprobaciones tienen que ver con el pago de derechos por la contraprestación del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad en Quintana Roo.

Ambos casos están relacionados con la concesión otorgada a la compañía, de una manera poco clara, por un plazo de 30 años a partir del 20 de octubre de 1993, y que fue modificada el 15 de febrero de 1999 y el 18 de diciembre de 2014, cuyo plazo se amplió hasta 2053.

Este mismo permiso feneció el último día de diciembre pasado, después de que la XVI Legislatura estatal publicó un decreto que dejó sin validez la postergación del permiso, aunque la empresa mantiene la operación del servicio por orden de un juez federal como parte de un amparo en curso.

El procedimiento administrativo de CAPA está establecido en el artículo 40 del Código Fiscal de Quintana Roo, para comprobar que los contribuyentes o responsables solidarios cumplan con las disposiciones fiscales, o en su caso, determinar la comisión de delitos fiscales.

La fracción II de la misma disposición faculta a las autoridades respectivas a requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados a que exhiban (en su domicilio, oficinas de autoridades o en el buzón tributario), su contabilidad, los datos, documentos o informes.

Pero la compañía recurrió a un par de amparos para tratar de sortear las auditorías, cuyos casos se debaten por separado en el Juzgado Quinto de Distrito de Cancún.

El juicio donde se impugna el proceso de revisión fiscal 2022 tiene el número 36451297, del cual el juez Alonso Robles Cuétara negó la suspensión provisional, el 30 de octubre pasado.

“Conceder la suspensión respecto del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad exactora contravendría disposiciones de orden público y perjudicaría el interés social de que todas las personas contribuyan al gasto público mediante el pago de contribuciones, al impedir su determinación, cobro y entero”.

El otro juicio contra la fiscalización 2020 tiene el número 35746247 desde junio pasado, en el cual se negó la suspensión provisional y definitiva, pero se dictó una sentencia favorable a la concesionaria el miércoles pasado.

La protección constitucional obedeció a errores en la notificación de la auditoría, pues se avisó de la entrega de documentos en vez de la orden de gabinete.

El fallo protector ordenó dejar sin validez el oficio del procedimiento y las constancias de entrega del citatorio y su notificación, aunque se aclaró que no se impide que se emita un nuevo requerimiento.

La empresa concesionaria defiende legalmente la operación del servicio hasta 2053, a pesar de quejas reiteradas de usuarios sobre cobros abusivos, falta del vital líquido y un drenaje sanitario ineficiente.

El hartazgo de la población por el mal servicio que presta Aguakan se manifestó en una consulta ciudadana vinculatoria realizada en 2022, en la que se determinó terminar con la continuidad del servicio por parte de la empresa.