Por KUKULKÁN
RESULTA casi poético, si no fuera trágico, escuchar al ministro Luis María Aguilar recordar los “dorados” tiempos del PRI, mientras advierte que la reforma judicial de Morena “regresará” a la Suprema Corte a una época de sumisión al Ejecutivo. Poético porque, entre líneas, reconoce lo que todos sabemos: la independencia judicial, esa figura sacrosanta que algunos defienden con uñas y dientes, nunca fue más que una fachada para proteger los intereses de las élites políticas y económicas del país.
VAMOS por partes. Según el ministro Aguilar, quien se retira el 30 de noviembre tras 56 años en el Poder Judicial (y sin duda un haber de retiro que haría sonrojar a un banquero suizo), la reforma que propone la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular es un retroceso. ¿La razón? “Compromisos políticos” que influirán en las decisiones de la Corte. Porque, claro, actualmente los ministros están completamente libres de compromisos… excepto los económicos, claro está.
- Toca a Claudia lavar la ropa sucia… pero no en casa ajena
- Se despide Norma Piña sola y culpando a todos: ¿la Corte víctima o cómplice del descrédito?
- Trump y su delirio imperial: ¡Quiere anexar México y Canadá como si fueran departamentos en venta!
EL MISMO Pleno de la Suprema Corte que ahora llora la “autonomía perdida” no tuvo reparo en aprobar, en una sesión privada, un haber de retiro tan obsceno que ni los señores feudales medievales habrían soñado con algo así. Unos 389,265 pesos mensuales, más seguro de vida, gastos médicos mayores, prima vacacional y hasta la opción de comprar los vehículos oficiales que utilizaron. Todo esto, mientras millones de mexicanos sobreviven con pensiones raquíticas sujetas a la Ley del ISSSTE.
EL MINISTRO Aguilar asegura que la reforma de 1995 corrigió la sumisión de la Corte al Ejecutivo. Tal vez olvidó mencionar que lo que realmente cambió fue la subordinación: del Presidente al poder económico, porque si algo quedó claro en estos últimos años es que la Corte puede anular cualquier reforma incómoda siempre y cuando afecte a ciertos bolsillos privilegiados. Y hablando de contradicciones, resulta irónico que los mismos ministros que critican la reforma por ser “una vuelta al pasado priista” utilicen los esquemas de jubilación implementados precisamente en esa época para garantizarse una vida dorada tras su retiro.
COMO bien dicen por ahí, lo que es bueno para el pueblo no siempre aplica a los “guardianes” de la Constitución. Y bajo esa sombra, la ministra Norma Piña, quien preside el Pleno, ha optado por el silencio frente a las críticas. Tal vez porque explicar cómo estos haberes de retiro no violan el principio de austeridad consagrado en el artículo 127 de la Constitución es una tarea titánica, incluso para los mejores abogados. Recordemos que dicho artículo establece que ningún servidor público debe ganar más que el Presidente de la República. Pero claro, ¿qué son las leyes para quienes las interpretan a su conveniencia?
LO REALMENTE irritable para este grupo de ministros es que la reforma pone en jaque un sistema que les permitía operar precisamente bajo las sombras, con el respaldo de un poder económico que dictaba sus decisiones. La elección por voto popular amenaza con exponerlos al escrutinio público, algo que claramente les resulta insoportable. Y sí, habrá quienes critiquen la reforma por ser “populista” o porque podría politizar aún más al Poder Judicial. Pero, ¿acaso puede haber mayor politización que la de ministros que defienden a ultranza los intereses de las élites mientras ignoran las necesidades del pueblo?
EN PAÍSES como Dinamarca o Suecia, donde la justicia se aplica con transparencia y eficiencia, estas discusiones serían inimaginables. Allí, los jueces no necesitan esconderse detrás de privilegios o haberes de retiro exorbitantes para garantizar su independencia. Tal vez sea hora de que México deje de mirar con nostalgia a su pasado priista y comience a construir un sistema judicial verdaderamente al servicio de la ciudadanía. Por lo pronto, el retiro dorado de los ministros sigue siendo una bofetada en el rostro de millones de mexicanos que claman por justicia y equidad. La reforma podrá ser imperfecta, pero al menos pone sobre la mesa una discusión urgente: ¿de quién es la justicia en México? Porque, hasta ahora, parece claro que no es del pueblo.
