Por KUKULKÁN
EN MÉXICO, la oposición tiene un talento innato para la acrobacia política. Logran lo que pocos: indignarse con absoluta convicción por la inseguridad, clamar por medidas contundentes contra el crimen organizado, y, al mismo tiempo, votar en contra de cualquier reforma que implique consecuencias reales para los delincuentes. Su última pirueta discursiva nos la regalaron con la reforma al artículo 19 constitucional, que incluye el tráfico de fentanilo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
EN EFECTO, ese mismo fentanilo que han señalado como una de las mayores amenazas para el país, responsable de miles de muertes y un azote para la seguridad pública. ¿Su reacción? Decirle “no” a la herramienta que podría mantener a los traficantes tras las rejas. Es como si pidieran cerrar la puerta de la casa, pero dejando las llaves puestas del lado de afuera. Estamos ante el eterno arte de criticar sin proponer. Encabezada por el PAN, MC y parte del PRI, los opositores desplegaron su ya conocido discurso en defensa de los derechos humanos. Que la prisión preventiva vulnera la presunción de inocencia, dijeron. Que fomenta la sobrepoblación carcelaria, agregaron. Que abre la puerta a abusos por parte de las autoridades, remataron.
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Y AUNQUE todos estos puntos son válidos, suena hipócrita viniendo de los mismos que semanas atrás acusaban al gobierno de “no hacer nada” contra los cárteles.
¿ENTONCES qué quieren? Porque si de propuestas alternativas se trata, no hubo una sola. Ni un plan, ni una estrategia, ni un remedio intermedio. Sólo críticas envueltas en indignación y un cálculo político tan evidente que da pena ajena. El debate en el Senado fue de mucho ruido y pocas ideas. Por un lado, Morena, el PVEM y el PT defendieron la reforma como una medida urgente ante el aumento de delitos como la extorsión y el tráfico de drogas sintéticas. Y no es para menos: México enfrenta una epidemia de violencia donde los grupos criminales han encontrado formas de operar casi con total impunidad.
POR OTRO lado, la oposición, en su papel de críticos, advirtió sobre los riesgos de una justicia punitiva. ¿Pero alguien les recuerda que los derechos humanos también son para las víctimas? Mientras hablaban de posibles abusos a los acusados, parecían olvidar a las comunidades devastadas por la extorsión y las familias destruidas por el fentanilo. Lo más irónico fue escucharlos citar organismos internacionales como la ONU para justificar su postura, cuando en otros temas (como la militarización de la seguridad pública) han ignorado esas mismas recomendaciones. Ah, pero cuando les conviene, los argumentos de Ginebra son la guía moral.
HABLEMOS claro: el tráfico de fentanilo no es un problema menor. Esta droga ha generado una crisis de proporciones épicas en Estados Unidos, y México no es la excepción. Los cárteles han diversificado sus operaciones, y esta sustancia mortal se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos.
COMBATIR esta amenaza requiere medidas extraordinarias. La prisión preventiva oficiosa no es perfecta, pero es una herramienta útil en un sistema judicial que no tiene la capacidad de garantizar que los acusados enfrenten sus juicios sin huir, amenazar o seguir delinquiendo.
LO QUE CALLA la oposición es que la alternativa a la prisión preventiva es simplemente dejar que los presuntos criminales sigan libres mientras se resuelven sus casos, algo que puede tardar años. Y en un país donde el 90% de los delitos no se resuelven, eso equivale a otorgarles un pase de salida gratuito. Lo más irritante de todo esto es la doble moral. La oposición ha construido su narrativa en torno al fracaso del gobierno para contener al crimen organizado, señalando que “México se le está yendo de las manos”. Pero cuando se les pone sobre la mesa una reforma que endurece las medidas contra los delincuentes, optan por el “no” y el discurso hueco.
SU ACTITUD no es nueva. Critican la militarización, pero cuando fueron gobierno, enviaron al ejército a las calles sin marco legal alguno. Señalan la inseguridad, pero recortaron presupuestos para las policías estatales y municipales en los estados que gobernaban. Es cierto que la prisión preventiva oficiosa tiene problemas. Es cierto que puede generar abusos y que el sistema judicial mexicano necesita una reforma profunda. Pero es ingenuo pensar que enfrentar al crimen organizado puede hacerse sin medidas que incomoden. No se puede combatir el tráfico de fentanilo con discursos y buenas intenciones. Y mucho menos con una oposición más interesada en sacar rédito político que en resolver problemas reales.
