- Desde hace seis años el gobierno influenció a las masas con la falsa narrativa de corrupción y nexos con criminales.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), subió al estrado con la solemnidad que exige su investidura y, con un gesto serio que rozaba lo desafiante, dejó claro que este segundo y último informe de labores no sería un acto rutinario de cifras y aplausos. No. Fue, más bien, una tribuna para defender al Poder Judicial y lanzar críticas al gobierno de la Cuarta Transformación, al que responsabilizó de una “campaña de deslegitimación” que, según ella, ha dejado a los jueces, magistrados y ministros bajo el peso del desprestigio público.
El salón de plenos de la Corte, que en otros años habría estado abarrotado por la presencia de altos representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lució desangelado. Como si quisieran subrayar con ausencias lo que no dijeron con palabras, los líderes del Congreso y la presidenta Claudia Sheinbaum brillaron por su falta. En su lugar, el subsecretario de Derechos Humanos, César Yáñez, llegó como emisario gubernamental, en lo que pareció más un acto de cortesía que de interés genuino.
En ese contexto de soledad política, la ministra Piña no se contuvo. Con voz firme, habló de la autonomía y la independencia judicial como pilares indispensables para la democracia, pero también como víctimas de una reforma que, en su opinión, ha sido impulsada desde el resentimiento y el cálculo político. La ministra aseguró que la reforma judicial ha sido precedida por una campaña mediática orquestada, donde las sentencias del Poder Judicial —aquellas que incomodaron al gobierno— fueron utilizadas como bandera para desprestigiar a los jueces.
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“La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos”, dijo Piña, intentando matizar sus críticas. Pero el dardo ya había sido lanzado. Enumeró los casos que, según ella, desataron la tormenta: la sentencia sobre la Guardia Nacional, la resolución contra el decreto que intentaba clasificar obras prioritarias como de seguridad nacional, y el rechazo al polémico “Plan B” electoral. Todas decisiones que, afirmó, se apegaron a la Constitución, pero que desataron acusaciones de politización y parcialidad.
La ministra presidenta admitió que México necesita una reforma judicial, pero dejó claro que lo que está sobre la mesa no es una solución sino una “salida fácil”. Con un tono entre advertencia y reproche, criticó la idea de eliminar “de tajo” la carrera judicial, pues eso no solo no resuelve las fallas del sistema, sino que, en su opinión, politiza la justicia. Sus palabras retumbaron como un último grito de defensa antes de dejar el cargo.
Mientras Piña defendía al Poder Judicial como el guardián de los derechos humanos y la democracia, hubo silencios notables en su discurso. No hubo mención alguna a los privilegios y canonjías que por años beneficiaron a jueces y magistrados ni a las sentencias cuestionables que permitieron la liberación de delincuentes o protegieron a grandes evasores fiscales. Tampoco hizo referencia a las fugas de recursos ni a las acusaciones de nepotismo y corrupción que han manchado al Poder Judicial y que, en buena medida, sembraron el terreno para la reforma que hoy tanto le incomoda.
La ministra aprovechó también para reconocer a los trabajadores del Poder Judicial, pero en especial a los estudiantes que marcharon en defensa de la Corte. Fue un guiño a las manifestaciones juveniles que, según Piña, son prueba de que la sociedad aún valora la independencia judicial. “Lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia, es su legado”, dijo, como si intentara dejar una última lección moral.
Sin embargo, el eco de sus palabras no alcanzó a cubrir las ausencias. La división entre poderes quedó expuesta no solo en las críticas de la ministra, sino también en el vacío que dejó la no asistencia de los líderes de los otros poderes políticos. En otro golpe simbólico, tres de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, quienes han respaldado la reforma judicial, tampoco asistieron. Y sólo la acompañaron tres ministros en retiro: Guillermo Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora.
El informe de Norma Piña fue, en esencia, un acto de despedida cargado de reclamos. Un intento por reivindicar a un Poder Judicial que, en su visión, ha sido injustamente golpeado. Pero entre los elogios a su propia gestión y las críticas a la 4T, quedó flotando una pregunta incómoda: ¿fue realmente la reforma judicial una venganza política, como ella sugiere, o la consecuencia inevitable de un sistema que, durante años, permitió excesos y privilegios?
La ministra se despide, pero la reforma sigue su curso. La historia del Poder Judicial aún no termina, y Norma Piña, sola en su último acto, lo sabe mejor que nadie.
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