- El debate sobre los privilegios de los altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a generar polémica.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- El debate sobre los privilegios de los altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vuelve a generar polémica. En una extensa sesión privada, los ministros discutieron cómo enfrentar el recorte presupuestal del 12.1% impuesto por la Cámara de Diputados. Aunque se anunciaron medidas de austeridad, las decisiones tomadas dejan ver un avance limitado en la supresión de privilegios de las jerarquías más altas.
Entre las propuestas presentadas por la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, destacó el cierre del comedor exclusivo para ministras y ministros, así como una reducción del 50% en el presupuesto destinado a los comedores de trabajadores. Estas medidas, que ahorrarán poco más de 25 millones de pesos, también implicarán el reajuste de cuotas de recuperación para el personal, lo que generó malestar entre los empleados operativos.
Otro recorte significativo fue la eliminación de 158 millones de pesos destinados al bono de fin de año para trabajadores con rangos medios y operativos. Asimismo, se redujeron en un 31% los espacios de estacionamiento, afectando tanto a trabajadores como a las áreas operativas de la Corte.
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Sin embargo, estas medidas contrastan con la continuidad de privilegios para los ministros y exministros. Pese a las propuestas de la ministra Lenia Batres Guadarrama, secundadas únicamente por Loretta Ortiz Ahlf, no se eliminaron beneficios como el Seguro de Separación Individualizada, que representa un gasto de más de 204 millones de pesos, ni los servicios de telefonía celular y vehículos blindados asignados a los ministros. También se mantuvo el presupuesto para comidas privadas y medicamentos no cubiertos por seguros de gastos médicos mayores.
Uno de los puntos más controversiales de la sesión fue la votación para restituir la remuneración de los ministros, que había sido reducida en un 12% para el presupuesto 2025. Aunque esta propuesta fue rechazada, quedó claro el apoyo de cuatro ministros —Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa— a favor de mantener intactos sus ingresos.
Por otro lado, seis ministros, encabezados por Piña Hernández, Batres Guadarrama y Ríos Farjat, votaron en contra de este aumento salarial, lo que evidencia divisiones internas dentro del Pleno.
A pesar de las medidas anunciadas, los recortes afectan en mayor medida a los trabajadores operativos, mientras que los beneficios de los altos funcionarios permanecen prácticamente intactos. Este desequilibrio ha sido señalado por diversas voces como un reflejo de la resistencia al cambio dentro del máximo tribunal del país.
La sesión del 9 de enero de 2025 deja en evidencia que, aunque existen esfuerzos por implementar la austeridad, el avance en la eliminación de privilegios dentro de la SCJN se produce de manera lenta y desigual, generando cuestionamientos sobre el verdadero compromiso de los ministros con una justicia más equitativa.
