- Tras declararse culpable, una Juez federal condenó a 8 meses con 29 días de prisión a José Luis Pech Galera, hijo de José Luis Pech Várguez, hoy diputado local y ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras declararse culpable, una Juez federal condenó a 8 meses con 29 días de prisión a José Luis Pech Galera, hijo de José Luis Pech Várguez, hoy diputado local y ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, por la contratación ilegal de 20 millones de pesos en la “Estafa Maestra”.
La Juez de Control, Alejandra Domínguez Santos, también sentenció a Pech Galera, ex Rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR), al pago de la reparación del daño, pero decidió que por ahora no debe resarcir los 20 millones de pesos del ilícito.
Sus razones para justificar lo anterior es que el monto de los daños debe fijarlos un Juez de ejecución de sentencia y no ella; por otro lado, precisó que Pech no puede ser obligado en este momento a saldar la totalidad del perjuicio, porque aún hay otros dos procesados sin sentencia.
- Sacude al Caribe sismo de 7.6, activa alerta de tsunami
- Continúa la Jornada de la Salud de la Mujer en Isla Mujeres
- Restauran dunas en Punta Esmeralda, Playa de Carmen
Esos coprocesados son José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, y Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Tesorería de la SEDATU.
La Juez dijo que, de condenar el pago de la totalidad de los daños, habría un “lucro indebido” de las autoridades federales, porque entonces se exigiría la misma cantidad a cada uno de los coimputados, situación que llevaría a que la SEDATU recupere 60 millones de pesos, tres veces más que la cantidad del supuesto desvío.
La Auditoría Superior de la Federación impugnó el fallo porque sostiene que la sentencia viola el principio de legalidad, ya que transgrede los derechos de la víctima.
Este fallo es producto de un procedimiento abreviado, es decir, de una negociación en la que Pech acordó declararse culpable, a cabio de que la FGR solicitara imponerle la pena mínima más un descuento adicional al castigo y así evitar llegar a juicio.
Pech no pisará la cárcel, debido a que esta pena de prisión menor es conmutable por trabajos en favor de la comunidad.
CONVENIO, TRANSFERENCIA Y SUBCONTRATOS
El caso contra José Luis Pech Galera tiene su origen en un convenio general suscrito el 29 de septiembre de 2015 por la SEDATU, para que la UPQR elaborara un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la dependencia federal y sus órganos desconcentrados.
Este documento especificaba que el propósito era “contribuir al aprovechamiento del potencial productivo del territorio, la generación de vivienda digna y desarrollo agrario”.
Derivado del convenio general, el 5 de octubre del mismo año las partes firmaron un convenio específico, por el que la dependencia federal transfirió 20 millones 100 mil pesos a la universidad.
La imputación refiere que la Universidad, presidida por Pech, subcontrató el 100 por ciento de los servicios con ocho empresas, violando la Ley de Adquisiciones, que sólo permite subcontratar el 49 por ciento del total.
Esas razones sociales eran Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, Comercializadora DW Prisma; Infotecnick; AM Sistemas Informáticos, Competencias y Habilidades para el Trabajo, Asociación Civil; Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, Custom Performance e Integración Documental.
La FGR señaló en su momento que Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, empresa a la que pagaron 6.8 millones de pesos, resultó ser una empresa en la que Pech Galera era apoderado legal.
Cuando los recursos le fueron depositados, dicha razón social adquirió 3 camionetas Mazda CX3 y una camioneta Mazda CX9, por un total de 1 millón 559 mil 800 pesos. Con el resto del dinero, hizo transferencias a distintas empresas.
Te puede interesar: Disparan tarifas ‘coyotes’ en Tijuana
