- El Gobierno capitalino deberá decidir si en el predio de Montes Apalaches 525, se construye vivienda privada o si el espacio se reintegra al Bosque de Chapultepec.
EDUARDO CEDILLO MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno capitalino deberá decidir si en el predio de Montes Apalaches 525, en la Colonia Lomas de Chapultepec, se construye vivienda privada o si el espacio se reintegra al Bosque de Chapultepec.
Así lo establece la última determinación legal del juicio de amparo que sostiene una empresa inmobiliaria, que pide sea la Administración local y no el Congreso de la Ciudad, la instancia que tome una decisión sobre el destino de los 4 mil 799 metros cuadrados de suelo.
Sin embargo, ante la negativa del Legislativo para modificar el uso de suelo, la empresa ha solicitado que sea la extinta Seduvi la instancia que lo realice.

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“Pide que el Congreso quede fuera del cumplimiento de la sentencia y que sea Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) quien pueda resolver, entonces está suspendiendo el proceso (en Donceles) y no nos queda más que esperar a que haya una resolución”, afirmó la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo.
Al momento, se mantiene la espera al próximo movimiento legal de la empresa inmobiliaria.
“Le reviran a Seduvi, básicamente dicen: ‘saquen al Congreso y que sea Seduvi quien modifique el uso de suelo’. Entonces, nos suspenden a nosotros y hay que esperar a ver qué dice la resolución del colegiado y hay que esperar a ver qué sale”, explicó.
Con las modificaciones administrativas que sufrió la Ciudad en materia de Planeación y Desarrollo Urbano, la dependencia que tendría que asumir esta determinación es la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, encabezada por Alejandro Encinas, dato confirmado por el Gobierno capitalino.
“Vamos a defender los espacios públicos, sea cual sea (…), ellos tendrán que tomar las decisiones correctas, pero cuentan con nosotros”, añadió la legisladora.
Ubicado en la Tercera Sección de Chapultepec, el sitio fue expropiado en 1992 por el entonces regente, Manuel Camacho, pero la falta de tramitación administrativa por parte de las autoridades dieron pie a que el propietario reclamara la devolución.
El 18 de abril del 2024, el Congreso de la Ciudad recibió la resolución del juicio, con la intención de obligar a la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, a modificar el suelo del predio a habitacional, sin mediar procedimiento alguno.
La Segunda Legislatura finalizó sin que se cambiara el estatus del predio, pero fue al inicio del tercer Congreso que la inmobiliaria retomó la presión buscando la conversión del uso de suelo de ambiental a habitacional mixto.
La negativa por parte Donceles continuó y las bancadas que lo integran determinaron emprender una serie de acciones para defender el Bosque.
Esto implicó que legisladores hicieran llamados en Pleno, salieran a las calles, sostuvieran diálogos con vecinos y emprendieran una batalla legal.
