- A pesar de las evidencias, echan culpa a Fiscalía de integrar acusaciones con pruebas deficiente y falta de elementos suficientes para acreditar la culpabilidad.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Deficiencias en la integración de pruebas por parte de la Fiscalía y la falta de elementos suficientes para acreditar la culpabilidad, fueron los argumentos esgrimidos por dos jueces para ordenar la liberación del presunto homicida de un periodista en Zitácuaro y de un supuesto líder del crimen organizado en Zacapu.
El juez de control penal de Zitácuaro, Wilfrido Tapia López, dictó sentencia absolutoria en el caso del asesinato de Armando Linares López, director del medio digital Monitor Michoacán. De acuerdo con la defensa del acusado, el proceso estuvo marcado por diversas irregularidades y un desempeño deficiente del fiscal encargado, lo que habría influido en la resolución judicial.
Carlos Sánchez Mendoza, alias El 02, fue detenido en agosto de 2023 y señalado como el presunto autor material del crimen. Según la investigación, Linares López se encontraba en su domicilio cuando un hombre llegó, lo saludó y entabló una breve conversación con él. Minutos después, el agresor sacó un arma calibre 9 mm, le disparó y huyó del lugar.
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A pesar de que existe un video que muestra la participación de Sánchez Mendoza y su cómplice, Magdiel Urbina Chimal —quien aún sigue prófugo—, el juez desestimó esta evidencia y ordenó la liberación del acusado.
Por otro lado, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, calificó como un acto de “desmedida irresponsabilidad” la decisión de un juez federal de liberar a Jesús “N”, alias El Chuy, presunto líder criminal en Zacapu.
Oseguera aseguró que la detención de El Chuy se realizó con total apego a la legalidad, en un operativo donde se confirmó su identidad y fue arrestado en flagrancia. No obstante, el juez determinó no vincularlo a proceso, lo que, según el titular de la SSP Michoacán, representa un grave riesgo para la seguridad de la población.
“La aplicación de la ley no debe depender de la percepción de un juez, pues esto anula los avances y resultados que hemos logrado en materia de seguridad”, advirtió Oseguera.
Estas resoluciones han generado críticas hacia el sistema judicial y la Fiscalía, al poner en entredicho la eficacia de las investigaciones y el debido proceso en casos de alto impacto.
