- Por mayoría de votos, ministros aprueban dos resoluciones que establecen nuevos criterios obligatorios en juicios de nulidad y amparo que impactarán en Finanzas Públicas y grupos vulnerables.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este jueves dos contradicciones de criterios que tendrán efectos en la administración de justicia y en las finanzas públicas.
Ambas decisiones fueron adoptadas por mayoría y establecen nuevos lineamientos para la revisión de sentencias y el trato de empresas de participación estatal mayoritaria en juicios de amparo.
En el caso de la contradicción de criterios 393/2023, la SCJN determinó, por mayoría de seis votos, que la posibilidad de impugnar un juicio fraudulento solo será válida cuando la legislación procesal aplicable lo contemple expresamente.
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Este criterio impacta a personas que buscan la nulidad de sentencias obtenidas con datos o documentos falsos, especialmente en casos relacionados con derechos agrarios, seguridad social y contratos simulados. La resolución establece jurisprudencia obligatoria para los tribunales del país, limitando la revisión de sentencias bajo este supuesto.
La decisión contó con el respaldo de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.
En la contradicción de criterios 374/2023, el Pleno resolvió que las empresas de participación estatal mayoritaria no serán consideradas personas morales oficiales en los juicios de amparo. Con esta decisión, estas empresas deberán ofrecer garantías económicas en caso de solicitar la suspensión de actos reclamados.
Durante la sesión, la ministra Lenia Batres argumentó que la Ley de Amparo reconoce como personas morales oficiales a entidades de participación estatal, lo que les eximiría de dicha obligación. Sin embargo, la mayoría del Pleno votó en contra de esta interpretación.
Los ministros que respaldaron esta resolución fueron Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Loretta Ortiz Ahlf, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Las decisiones adoptadas por la SCJN tendrán implicaciones en la operatividad de los tribunales y en la manera en que se abordan casos de fraude procesal y litigios de empresas estatales en el marco del juicio de amparo.
