- Cuatro ex colaboradores de Silvano Aureoles fueron vinculados a proceso ayer y continuarán privados de la libertad.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro ex colaboradores de Silvano Aureoles fueron vinculados a proceso ayer y continuarán privados de la libertad, por la contratación presuntamente ilegal de siete cuarteles de la Policía Estatal de Michoacán, que costaron más de 3 mil 412 millones de pesos.
Se trata de Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas y Administración; J. Antonio Bernal Bustamante, ex Secretario de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado Murillo, ex delegados Administrativos de la SSP de Michoacán.
Patricia Sánchez Nava, Jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, los procesó por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
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La juzgadora concluyó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR presentó los datos de prueba suficientes para presumir que existen los delitos y la posibilidad de que los ex funcionarios los hayan cometido.
Desde el pasado domingo, Sánchez Nava impuso a todos los ex funcionarios la prisión preventiva justificada; ayer, sin embargo, Bernal y Delgado pidieron la libertad provisional con diversas medidas cautelares, y les negó el beneficio.
La Jueza resolvió que no han variado las condiciones objetivas para suponer que ambos tienen acreditado su arraigo en un domicilio, razón por la que prevalece el riesgo de que puedan darse a la fuga y permanecerán presos en el Reclusorio Oriente.
Maldonado y Villegas, por su parte, no solicitaron la modificación de la medida cautelar, lo que significa que continuarán internados en el Penal de Santa Martha Acatitla durante el proceso.
La juzgadora fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, es decir, para que los procesados y la FGR reúnan los respectivos datos de prueba que eventualmente presentarán en el juicio.
Esta fue una de las diligencias de vinculación a proceso más largas de los últimos años en la justicia federal.
La suerte de los ex funcionarios se definió en dos audiencias continuas, una que inició el jueves a las 11:00 horas y concluyó a las 8:32 de ayer, para determinar la situación jurídica; y otra que arrancó enseguida, a las 9:52 horas, y terminó a las 12:07, para debatir la libertad de los dos procesados referidos.
A los procesados se les atribuye participar de 2016 al 2021 en la presunta contratación ilegal del desarrollo, arrendamiento y adquisición de 7 cuarteles de seguridad pública por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.
Las estaciones de la policía se desarrollaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Los contratos fueron adjudicados en forma directa a la empresa Inmobiliaria DyF, S.A. de C.V.
La FGR señaló que desviaron recursos para fines distintos a los que estaban previstos; que pagaron sobreprecios; que las obras se construyeron sin proyectos ejecutivos; y que la empresa no era propietaria de los inmuebles cuando le adjudicaron los contratos.
NIEGAN CANCELAR
Uno de los imputados pidió a la Jueza cancelar el proceso para todos porque la Inmobiliaria DyF ya acordó reparar un daño de 970 millones 976 mil 940.61 pesos al Gobierno de Michoacán, a cambio de la inmunidad penal de sus accionistas, y ya no hay materia para continuar con este litigio.
Sin embargo, Sánchez Nava rechazó la petición porque dijo que su fundamento es una tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Querétaro, cuya aplicación no es obligatoria para los impartidores de justicia.
Christian Vizuet, abogado de Elizabeth Villegas, pidió extinguir la acción penal con el mismo argumento con el que Emilio Lozoya consiguió en un principio la cancelación de su proceso por el Caso Agronitrogenados, aunque luego se lo reactivaron.
“La reparación del daño se pacta entre víctima y ofendido y las partes, es una tesis aislada y no es obligatoria”, dijo la Jueza Sánchez Nava.
Alexander Ruben, abogado de Carlos Maldonado, también pidió declarar prescrito el delito de administración fraudulenta porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó su querella ante la FGR, fuera del plazo de un año que tenía para hacerlo, a partir de que tuvo conocimiento del hecho delictivo.
Sánchez Nava, sin embargo, dijo que el argumento era infundado porque la norma también establece que cuando no se tiene conocimiento de un hecho delictivo, el plazo para presentar la querella es de 3 años, razón por la que en este asunto se presentó la denuncia en tiempo y forma.
