- La Fiscalía General de la República busca a Juan Bernardo Corona Martínez e Israel Patrón Reyes, ambos vinculados al caso Aureoles.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República busca a Juan Bernardo Corona Martínez e Israel Patrón Reyes, ex secretarios de Seguridad Pública de Michoacán, por un presunto daño de más de 3 mil 412 millones de pesos durante el Gobierno de Silvano Aureoles.
Además de los ex mandos policiacos, también busca capturar a Guillermo Loaiza Gómez, ex director General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo de Michoacán, de acuerdo con la orden de aprehensión librada en este asunto.
Patricia Sánchez Nava, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, ordenó la aprehensión de un total de ocho ex funcionarios estatales, entre ellos Aureoles, por el caso de los sobreprecios pagados por la renta de siete cuarteles de la Policía Estatal.
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El pasado domingo 2 de marzo fueron aprehendidos Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas y Administración; J. Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado Murillo, ex delegados Administrativos de la SSP de Michoacán.
Los únicos que permanecen prófugos de la justicia son Corona, Patrón y Loaiza, además del propio Silvano Aureoles.
Todos ellos son buscados por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, este último también conocido como lavado de dinero.
De acuerdo con el mandamiento de captura, en el 2016 Aureoles y sus subordinados contrataron presuntamente en forma ilegal el arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de seguridad pública por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.
Estas estaciones de la policía se desarrollaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Los contratos fueron adjudicados en forma directa a la empresa Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V.
De acuerdo con la orden de aprehensión, la juzgadora consideró que existen datos para suponer que estos contratos fueron irregulares, ya que el Gobierno estatal pagó cada uno de los cuarteles con sobre precios.
Además, la empresa proveedora no tenía la capacidad suficiente para cumplir con los trabajos acordados, ya que incluso al momento de suscribir los contratos no era propietaria de los predios en los que construyó los cuarteles.
“Existen indicios razonables para suponer, al menos a título de probabilidad, que (los imputados) cometieron los hechos que la ley señala como delitos”, concluyó la juez Sánchez Nava, al girar las aprehensiones.
“Esto es así, porque se desprende la mecánica del hecho que derivó desde 2016 hasta 2021, en la que servidores públicos federales actuaron de manera conjunta, dolosa y continuada, para realizar los actos encaminados a suscribir contratos de prestación de servicios, de arrendamiento, mantenimiento y posterior adquisición, respecto de siete cuarteles de seguridad pública… pese al conocimiento que esta moral no contaba con los años de experiencia, infraestructura ni propiedades en los cuales supuestamente ofertó su servicio”.
La juzgadora fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, es decir, para que los procesados y la FGR reúnan los respectivos datos de prueba que eventualmente presentarán en el juicio.
Esta decisión fue una de las diligencias de vinculación a proceso más largas de los últimos años en la justicia federal.
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