- Fosas clandestinas, desapariciones y el horror que no termina.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos tres quinquenios, México ha sido escenario de hallazgos aterradores que evidencian la magnitud de la violencia que azota al país. Desde la guerra entre cárteles hasta las desapariciones forzadas cometidas por fuerzas del Estado, las fosas clandestinas y los centros de tortura han pasado de ser casos aislados a una realidad escalofriante.
Uno de los primeros casos que sacudió a la opinión pública fue la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2011.
Ahí, las autoridades descubrieron más de 193 cuerpos en fosas clandestinas. De acuerdo con las investigaciones, el cártel de Los Zetas secuestraba autobuses de pasajeros, obligaba a los hombres a pelear a muerte y posteriormente ejecutaba a los sobrevivientes.
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Un año antes, en la misma región, 72 migrantes fueron asesinados en circunstancias similares, lo que dejó en evidencia la brutalidad con la que operaban los grupos criminales en la zona.
Otro de los hallazgos más impactantes ocurrió en Veracruz, donde fueron descubiertas las fosas clandestinas más grandes de América Latina. Entre 2012 y 2016, bajo la administración del exgobernador priista Javier Duarte, más de 600 cuerpos fueron enterrados en Colinas de Santa Fe y El Arbolillo, sitios utilizados presuntamente para la desaparición de personas por parte del crimen organizado y fuerzas del Estado.
Organismos internacionales han señalado que estos actos pueden considerarse crímenes de lesa humanidad, debido a la posible participación de agentes gubernamentales en la comisión de desapariciones forzadas.
En 2016, en Tetelcingo, Morelos, la Fiscalía General del Estado fue señalada por haber inhumado sin protocolo al menos 117 cuerpos en fosas clandestinas. El hallazgo despertó indignación, pues las investigaciones revelaron que muchos de los cuerpos presentaban signos de tortura, lo que despertó sospechas de posibles ejecuciones extrajudiciales y encubrimientos por parte de las autoridades.
La violencia en el Bajío también dejó su rastro de muerte. En Salvatierra, Guanajuato, en 2020, fueron descubiertos 79 cuerpos en fosas clandestinas. La zona era un punto de enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima, lo que provocó una ola de desapariciones en el estado.
El horror no terminó ahí. En marzo de 2025, Jalisco vuelve a ser el epicentro de un descubrimiento escalofriante. En Teuchitlán, un sitio utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de exterminio fue encontrado con hornos crematorios, fosas y restos humanos.
Organismos de derechos humanos han denunciado que en estos lugares las víctimas eran incineradas para desaparecer toda evidencia. Un hallazgo similar ocurrió en Tlajomulco de Zúñiga, donde una familia descubrió que en su jardín había al menos 20 cuerpos enterrados en niveles de tierra, cal y concreto.
Estos hallazgos han dejado en evidencia la profunda crisis de derechos humanos en México. De acuerdo con organizaciones civiles, el país ha superado las 100,000 personas desaparecidas oficialmente registradas, aunque la cifra real podría ser mucho mayor.
La impunidad sigue siendo la constante en estos crímenes, pues la mayoría de los casos no han derivado en sentencias ni en investigaciones concluyentes.
A pesar de los esfuerzos de colectivos de búsqueda y organismos internacionales, las fosas clandestinas siguen apareciendo en distintos puntos del país, lo que refleja la falta de una estrategia efectiva para frenar la violencia. Mientras tanto, familias de miles de desaparecidos continúan buscando a sus seres queridos, con la esperanza de que la tierra finalmente revele sus secretos.
