- El Congreso de Quintana Roo validó el cambio de denominación para el municipio de Solidaridad, que ahora se llamará Playa del Carmen.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso de Quintana Roo validó el cambio de denominación para el municipio de Solidaridad, que ahora se llamará Playa del Carmen.
El dictamen con la solicitud de la presidenta municipal Estefanía Mercado fue aprobado de manera unánime por nueve diputados en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Municipales del Congreso de Quintana Roo, en menos de 21 minutos antes del mediodía del jueves.
La aprobación previa se dio al constatarse su viabilidad jurídica, legal y financiera, para después turnarse para su discusión y votación ante el Pleno, lo que ocurrió el mismo día.
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La validación definitiva se dio de manera unánime por 24 legisladores que votaron a favor en el Pleno del Congreso estatal, 13 del partido Morena junto a sus aliados, cuatro del Partido Verde y tres del Partido del Trabajo.
Igualmente, por los dos legisladores de Acción Nacional, uno del PRI y el restante voto de Movimiento Ciudadano representado por José Luis Pech Várguez.
El representante naranja minutos antes en Comisiones Unidas alegó que la aprobación chocaba con lo dispuesto por un reglamento municipal, pero se le explicó que la normativa en cuestión estuvo mal hecha y ninguna disposición local puede estar por encima de una ley estatal.
Con la aprobación en el Pleno para el cambio de nombre del segundo municipio con más población en Quintana Roo, se resaltó que se fortalece la identidad de Playa del Carmen.
Fue, se dijo, como una forma de reconocer el sentido de pertenencia de quienes han hecho su hogar en ese sitio, que a su vez es un destino líder en turismo y desarrollo económico.
“Triunfó la voluntad democrática, triunfó la voluntad del pueblo. Hoy es un día histórico para el municipio de Playa del Carmen”, expresó la alcaldesa Estefanía Mercado tras la votación en el Congreso.
El coordinador de la bancada de Morena, el diputado José Sanén Cervantes, aseveró que fue un reconocimiento a una identidad que ha trascendido generaciones y que hoy se consolida con el respaldo popular y legal.
“Hoy es un día de orgullo, un día de unidad y un día de transformación. Porque cuando el pueblo decide, el futuro se construye con certeza”.
Como parte del proceso legislativo, ahora deberá turnarse a los ayuntamientos para completar el trámite, para concluir con un proceso democrático que se vivió en cada foro ciudadano y cada espacio de diálogo, donde se escucharon las voces del pueblo de Playa del Carmen.
En la aprobación previa del dictamen se mencionó que el nombre de Solidaridad se impuso al municipio en 1993, pero ya no responde a los nuevos tiempos que vive ese destino pujante, ni tampoco refleja el dinamismo de su población y su vocación turística, porque Playa del Carmen resuena más en el imaginario colectivo.
En esta era de cambio, se dijo, se aprovechará el posicionamiento y la proyección turística de Playa del Carmen en el país y ante el mundo, cuyo nombre proyecta con más fuerza al destino para atraer más inversiones y turismo.
La propuesta de modificación fue presentada por el Ayuntamiento de Solidaridad, a través de la presidenta municipal, Estefanía Mercado, que planteó reformar los artículos 127, 128 fracciones V, VIII y XI, 134 fracción I y 135 fracción primera de la Constitución de Quintana Roo.
Igualmente, el artículo 8, fracción primera, y el artículo 12, párrafo primero, de la Ley de los Municipios del estado de Quintana Roo
En comisiones unidas se valoró un análisis de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, que consideró que el cambio no tendrá un impacto presupuestario directo e implícito para los ejercicios fiscales presente y futuros de la comuna.
Igualmente, se expusieron los argumentos escritos que envío el tesorero de Solidaridad, Javier Regalado Hendricks, que consideró la modificación con una naturaleza meramente nominal, sin que exista algún impacto presupuestal ni se trasladen costos a la ciudadanía.
El municipio, sostuvo, no deberá desembolsar recursos nuevos o extraordinarios al gasto programado y corriente, por ejemplo, para la actualización de la nomenclatura, cuya actualización se dará de manera gradual y programada en los plazos legales de reposición.
Tampoco habrá ningún impacto presupuestal de la iniciativa ni se trasladarán costos adicionales a los ciudadanos, ya que los documentos oficiales seguirán teniendo la misma validez y vigencia hasta que deban ser renovados.
La propuesta fue presentada por las autoridades de Solidaridad el 6 de marzo pasado, y se publicó en la gaceta parlamentaria al día siguiente, fecha en la que también fue turnada a las comisiones unidas.
