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  • A mayor transparencia, mejores políticas públicas

    A mayor transparencia, mejores políticas públicas

    • Entre los retos más apremiantes en transparencia están los puntos de contacto gobierno-sociedad, como es el caso de las compras públicas.
    IGNACIO CALVA

    CANCÚN, Q. ROO.- Para el Comité de Participación Ciudadana (CPC), como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo, uno de los puntos más importantes en la agenda es lograr trascender de la transparencia a la incidencia, a través de políticas públicas más asertivas.

    Así lo expresaron Mariana Belló y Janet Aguirre, integrantes del CPC, quienes puntualizaron que, si bien se han logrado avances importantes en materia de transparencia y combate a la corrupción durante la presente administración estatal, se requiere que existan puertas abiertas en las instituciones públicas.

    “El primer paso es, sin duda, instituciones más transparentes. Necesitamos no sólo que se limpie la ventana, sino que se abran las puertas y que los grupos y organizaciones que tienen el conocimiento y ‘expertise’ en problemáticas públicas puedan ser vinculantes, y poner sobre la mesa su conocimiento y experiencia para lograr políticas públicas más eficaces que realmente atiendan los problemas públicos”, dijo Aguirre.

    Belló mencionó que entre los retos más apremiantes están los puntos de contacto gobierno-sociedad, como es el caso de las compras públicas, donde se debe ampliar la incidencia para conocer la vida completa de un proceso de contratación, pues en estos existe todavía mucha opacidad y son rubros donde se va mucho recurso público.

    En este sentido, Aguirre indicó que uno de los problemas también está en la fortaleza, o falta de, de los Órganos Internos de Control de los municipios y demás entes públicos que están menos consolidados financiera e institucionalmente, pues al no tener las capacidades necesarias, fallan en hacer un cumplimiento integral de sus obligaciones.

    Además de este rubro, también se tienen proyectos como el servicio público de carrera, para el cual el CPC buscará durante las próximas semanas una serie de encuentros con los diputados electos para abrir un diálogo en el cual analizar los puntos y fundamentos básicos de cara a un cambio de la ley que se tiene actualmente en esta materia.

    “Trabajaremos con ellos la actualización del marco normativo, que le dé vida legal, organizada y sistemática a los procesos de implementación del servicio público de carrera; designaciones públicas abiertas con base al mérito, ver cómo se designan a los titulares de los diferentes entes de cualquier nivel o poder del estado, pues también hay mucha discrecionalidad”, detalló Belló.

    Agregó a estos puntos la necesidad de trabajar sobre los temas de apertura de la justicia, en el Congreso del Estado, así como el fortalecimiento de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria, pues la que se presentó en días recientes aún tiene muchos retos para transformarse en una plataforma dinámica, ciudadana, ágil y comprensible.

    Finalmente, en materia de la reforma a la Ley de Planeación y la construcción del Plan Estatal de Desarrollo, Aguirre recordó que éste se verá ya en un proceso con la próxima administración, que después tendrá una actualización a través del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible que trascienda varias administraciones y permee en los planes estatales y municipales.

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  • Advierten ineficiente lucha anticorrupción

    Advierten ineficiente lucha anticorrupción

    • Pese a que la corrupción es considerada como la segunda preocupación de los mexicanos, las Fiscalías Anticorrupción muestran un ineficiente trabajo para combatir la impunidad.
    ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA

    CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que la corrupción está considerada como la segunda preocupación de los mexicanos, las Fiscalías Anticorrupción de los estados muestran un ineficiente trabajo para combatir la impunidad.

    El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la organización civil TOJIL tienen previsto presentar hoy una investigación en la que muestran que la mayoría de las fiscalías estatales conformadas para combatir este delito no cuenta con recursos, con normatividad interna, personal, prioridades o procesos adecuados.

    “Desde 2015, los mexicanos consideran la corrupción como el segundo principal problema en su entidad federativa, sólo por debajo de la inseguridad y delincuencia. En un contexto de prácticas y alta percepción de corrupción, hay otro factor que cobra relevancia: la impunidad. La mayoría de los casos de corrupción no se sanciona”, resumió el informe.

    El reporte detectó que entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020 sólo ocho estados reportaron haber judicializado más del 5 por ciento de las investigaciones iniciadas.

    Las entidades con mayores cifras fueron Sonora, con 13 por ciento; Michoacán, con 10 por ciento, y Sinaloa y Coahuila, con 9 por ciento cada una.

    A través de solicitudes de información, se constató que 29 Fiscalías Anticorrupción carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.

    De estos organismos, en 10 casos el titular fue nombrado por el Fiscal estatal, lo que -consideraron- limita la autonomía y genera incertidumbre en la estabilidad de su cargo.

    Las Fiscalías, consideró Adriana Greaves, directora de TOJIL, son un reflejo de la Fiscalía Anticorrupción nacional, que parece que depende del Fiscal General, Alejandro Gertz, e incluso está en el mismo edificio, cuando su deber es ser independiente.

    Queda claro, afirmó, que la bandera de combate a la corrupción del Presidente Andrés Manuel López Obrador -en los hechos- queda en una promesa, pues ni a nivel federal ni en las entidades gobernadas por Morena hay avances en el combate a ese delito desde las Fiscalías.

    “En los resultados que se pueden ver en el estudio no hay esa voluntad plasmada por combatir la corrupción. Aun cuando hay unas mejores que otras, no hay posibilidad de afirmar que en las Fiscalías en estados gobernados por Morena se esté combatiendo la corrupción”, indicó.

    Greaves advirtió que muchas de estas dependencias están privilegiando la reparación del daño por encima de una sentencia, lo que fomenta el delito, en lugar de inhibirlo. Uno de los estados que está abusando de esta figura es Quintana Roo.

    “El mensaje es ‘corran el riesgo de defraudar, sustraer dinero, porque la consecuencia es que, si te cachan, que es poco probable que suceda, y te investigan, que todavía es más difícil, entonces tu peor escenario es que repares el daño, porque te quedas sin sentencia’. Hay muchos incentivos para cometer el delito, no hay sanción”, lamentó.

    Acusó que no existe un plan de priorización, pues las Fiscalías pierden mucho tiempo en casos menores, en los que los montos implicados son de 50 mil pesos, en lugar de resolver primero aquellos relevantes.

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  • Retrasan designaciones de consejo anticorrupción

    Retrasan designaciones de consejo anticorrupción

    La designación del nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo se retrasará.

    MARCO ANTONIO BARRERA

    CANCÚN, Q. ROO.- La designación del nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo se retrasará por el inusual registro de 30 aspirantes que rebasó toda expectativa.

    El Comité de Selección reconoció que trabaja a marchas forzadas para comprobar perfiles académicos, constatar trayectorias, realizar entrevistas y valorar conocimientos, capacidad y compromiso para cumplir las leyes de transparencia y anticorrupción.

    El proceso podría extenderse del programado día 10 hasta el 13 o el 15 de marzo, ante la carga de trabajo de los cinco evaluadores que pretenden encontrar al mejor perfil que conozca de administración pública, políticas públicas, fiscalización y cuenta pública, que tenga liderazgo y sea una persona honrada.

    Para el ex presidente de la organización civil Ciudadanos por la Transparencia, Juan Ignacio Athie, en entrevista con Luces del Siglo, lo importante será que la trayectoria académica y curricular tengan relación con el tema anticorrupción.

    “Si hay alguien que, aunque tenga muy altos niveles académicos, si nunca ha trabajado sobre el tema de transparencia o de corrupción, pues no va tener un buen elemento, aunque tenga la madera va tardar en desarrollarla. Si, buscamos perfiles que de preferencia puedan tener antecedentes robustos en el tema”.

    La ex consejera ciudadana Miriam Cortés dijo también a este medio que la búsqueda será de quienes “sepan administración pública, de políticas públicas, de fiscalización, de cuenta pública pero también cuenten con liderazgo y con una trayectoria honrada”, en cuyo proceso la trayectoria académica será determinante.

    Otros aspectos que retrasarán el proceso son la entrega de documentos de los interesados, como la carta de antecedentes no penales o de haber radicado en el lugar donde se vive. “No siempre se las entregan de inmediato, entonces tienen una prevención, para que los entreguen. Y bajo esa premisa estamos esperando”.

    Cada integrante del Comité de Selección utiliza una matriz de 30 indicadores sobre la cual evalúa y califica (en una escala del 1 al 5) los antecedentes, conocimientos y experiencia de los aspirantes, pero también su participación en casos específicos para determinar su grado de conocimiento de los procesos. Luego, se pasa a la trayectoria laboral.

    Las calificaciones se discuten y se procede a las entrevistas que podrían darse a distancia con el uso de la tecnología por las medidas sanitarias del Covid-19, a partir del próximo viernes. Los resultados se integrarán en su conjunto a un conteo general de cada aspirante.

    Hay perfiles entre los 30 candidatos que resaltan por sus cargos en el servicio público, como Alberto Romo, presidente de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Elías José Abuxapqui Adam, ex rector fundador de la Universidad Tecnológica de Chetumal en el pasado gobierno estatal o Moisés Alfaro Zerecero, que estuvo al frente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, entre otros.

    Athie Lambarri comentó que en la evaluación se interpretará el currículum, la carta solicitud, los antecedentes académicos y los antecedentes profesionales. Incluso, la disposición de las personas para entregar su declaración 3de3. 

    “Independientemente hayan estado en el trabajo público, tenemos que buscar los antecedentes de la evaluación de la persona en su desempeño, no es nada más el hecho de que haya trabajado y que haya salido bien, porque quienes tienen unos currículums importantes cuando uno empieza a navegar y a preguntar y a referir, si encontramos que ha habido reclamos o señalamientos de conductas no adecuadas”.

    Para Miriam Cortés todo se valorará “porque en papel se pueden poner muchas cosas, pero ya en la entrevista nos sacarán de alguna duda”.

    En el proceso, los evaluadores recurren también a la internet y a las redes sociales para conocer comentarios sobre los aspirantes, “si tienen razón o si no tienen razón”, además que solicitan referencias para crear ideas más claras.

    “Muchos de nosotros hemos conocido a la persona y de alguna manera, aunque la opinión individual y la calificación de cada uno se respeta, al final salen los promedios. En algunos casos se discute por qué alguien pone una calificación más alta o más baja y en qué se fundamenta, para que aquel que no haya encontrado esa referencia la tengamos”.

    Juan Ignacio Athie consideró que el CPC requiere de una persona que sepa trabajar en equipo, de tiempo completo, que tenga conocimiento y experiencia, que sepa consensuar, con capacidad de comunicación y que trabaje sobre las leyes anticorrupción, además de disposición y entender el tema.

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  • Decepcionan consejeros ciudadanos anticorrupción

    Decepcionan consejeros ciudadanos anticorrupción

    • Cada uno de los cinco integrantes del CPC del Sistema Anticorrupción gana 95 mil pesos mensuales, oculta información y no da resultados. 
    MARCO ANTONIO BARRERA

    CANCÚN, Q. ROO.- Desde su llegada hace un año a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, Cynthia Dehesa Guzmán mostró cuáles eran sus prioridades.

    Entre los primeros acuerdos que asumió como presidenta estuvo cotizar un teléfono celular, modificar la estructura y el contenido de la página de internet y sustituir el logotipo y la imagen gráfica del organismo para atender “comentarios negativos”.

    Las acciones secundadas por los otros cuatro consejeros fueron que ellos mismos pagarían por el aparato de comunicación como “herramienta de trabajo” del presidente en turno, se le asignaría la renovación web a un grupo de alumnos de servicio social y sería emitida una convocatoria para modificar el logotipo y la tipografía del organismo.

    En el primer día como presidenta, Dehesa Guzmán también presentó a quien sería su nueva asistente, Brenda Noguera.

    Hubo otras acciones que entraron en vigor el mismo día que ocupó el cargo (13 de marzo de 2020), que se extendieron hasta el 4 de agosto, como la aplicación de la firma electrónica en las minutas de reunión, lo que puso fin a una irregular práctica que acumuló 14 documentos sin rubricar y sin aparente validez jurídica. 

    O de otros que, a pesar de tener firmas, incluso al calce de cada hoja, evidencian que son distintas a las que se plasmaron al final del documento, y que de revisarse despejaran dudas sobre su autenticidad.

    El ex presidente de CPC, Marcos Gutiérrez, que antecedió en el cargo rotativo a la presidenta saliente aseguró antes en su informe que diseñó y construyó una Red Ciudadana Anticorrupción, una encuesta digital entre tres mil quintanarroenses, un consejo consultivo, análisis documentales y técnicos de las ayudas sociales, foros regionales, un diagnóstico de las capacidades de los órganos internos de control y un Plan de Trabajo del Comité Coordinador con visión a largo plazo.

    Del trabajo realizado por Cynthia Dehesa, poco se sabe, al menos lo que se transparenta. Después del 4 de agosto pasado dejó de publicar en la misma web que dio prioridad las minutas de reuniones, a pesar de que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo dicta que los consejeros deben destacarse por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y/o el combate a la corrupción.

    Cada uno de los cinco integrantes del CPC firmó un contrato de honorarios con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción por la prestación de servicios profesionales, del que recibe un pago mensual bruto (hasta 2019) de 95 mil pesos, antes del descuento de 10 mil pesos por Impuesto Sobre la Renta. El pago es equivalente al que recibe un secretario de la Administración Pública Estatal.

    El ingreso económico los compromete a participar activamente, aplicar su capacidad y conocimientos, en las obligaciones y atribuciones previstas en el organismo. El documento enumera 18 obligaciones contractuales, entre ellas opinar y realizar proyectos de mejora de instrumentos, lineamientos y mecanismos que favorezcan la prevención y la denuncia de faltas administrativas o hechos de corrupción, como también hacer exhortaciones ante la revisión de presupuestos, que tampoco fueron reportados en las minutas públicas. 

    En la misma normatividad no se advierte la existencia de contrapesos ni que se deba rendir cuentas ante algún ente fiscalizador ni la prohibición de mezclar intereses personales de las organizaciones a las que representan. Los consejeros ciudadanos representan a organizaciones de la sociedad civil.

    A unos días de que se decida al relevo en el CPC, la integrante del Comité de Selección, Miriam Cortés, dijo a Luces del Siglo que el perfil académico y las entrevistas determinarán al nuevo consejero entre los 30 inscritos, que como nunca en cantidad aspiran a ocupar el vacante sitio. El fallo programado para el día 10, podría retrasarse un par de días ante las prevenciones de documentación. 

    La Ley también precisa experiencia laboral o conocimiento de la administración pública federal, estatal o local, y entre los candidatos destacan trayectorias que como ‘dados cargados’ inclinen la balanza.

    Los aspirantes deben conocer de administración pública, políticas públicas y fiscalización de la cuenta pública, pero al mismo tiempo deben mostrar liderazgo, honradez y una trayectoria impecable. Para la entrevistada será determinante la formación académica.

    Todos cuentan con formación universitaria y la mayoría tiene posgrado, pero sólo unos cuantos han ejercido cargos públicos y menos todavía de relevancia, que los podría enfilar para el puesto, como el magistrado Alberto Romo, presidente de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o Moisés Alfaro Zerecero, presidente de la Junta Especial Número 1 de Conciliación y Arbitraje de Cancún. Se dice que la decisión final favorecerá a un abogado con habilidad para las relaciones públicas.

    Del paso de los aspirantes por los entes públicos cuando en el cargo deberán fiscalizar las cuentas públicas gubernamentales, explicó a Luces del Siglo que “eso es hacer un prejuicio, sería tanto como si usted dejara de ser reportero y quisiera ser rapero, y porque usted toda su vida de joven dedicó su vida a ser reportero y los últimos años es un buen rapero, creo que se vale que usted sea rapero”.

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