- Jiménez Pons aseguró que la suspensión de un juez para realizar obras nuevas del Tren Maya en municipios de Chocholá, Mérida e Izamal no los atrasará.
DALILA ESCOBAR
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la suspensión de un juez para realizar obras nuevas del Tren Maya en municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons aseguró que no los atrasa en trabajos porque tienen por delante 1,500 kilómetros de obra para avanzar.
Los colectivos Kanan Derechos Humanos y Muuch Xilbal informaron de la decisión que, de acuerdo con el funcionario, afecta más a las comunidades porque podrían verse beneficiadas con el proyecto en sí, con mejoramiento urbano y pago de derechos.
—El Tren Maya no es ni despojo ni muerte, como han acusado las ONG—, responde el funcionario.
“Estamos reivindicando condiciones sociales que no se habían hecho como el pago de derechos de vía. Ahora resulta que no se pagaron y había demandas, de hace décadas, en la Suprema Corte en torno a que el Gobierno Federal hizo caso omiso y ahí nadie se quejaba y ahora que se busca pagarles buscamos precios justos. No vengan a decirme que estamos haciendo desplazamientos o despojos”, reprochó.
En entrevista con Luces del Siglo, el director de Fonatur dijo que estos derechos de vía no fueron reconocidos por décadas y en algunos casos el monto alcanza los 30 millones de pesos; el valor ejidal para este pago, lo determina el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
“Había casos, por ejemplo, en carreteras en los que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) me dijo que trate de resolver esos pagos para que estén tranquilos. Uno de ellos es el de la carretera en la zona de Carrillo Puerto, en Quintana Roo, donde hay varios ejidos en los que tenemos que resolver esta bronca que tiene décadas”, detalló.
En muchas ocasiones, añadió, la conciliación se logra con obras de apoyo para las comunidades o con servicios que les hace falta, como el agua y con eso logran “tener aliada a la comunidad”.
Por estas razones Jiménez Pons asegura que los perjuicios por suspensiones y retrasos son parte de “la hipocresía de estas gentes (ONGs) porque se los hemos dicho: ´vamos a restaurar muchas zonas y eso de que acusan que el Tren Maya está suspendiendo obras de conectividad, la respuesta es que esa suspensión ya tiene décadas”.
Las organizaciones interpusieron el amparo contra obras nuevas porque, argumentan, no hay transparencia en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a lo cual Jiménez Pons reconoció que puede ser, pero que hay disposición para abrir los documentos necesarios.
“Si fuera realmente un asunto ambiental, no tendríamos problema en mostrarles el estudio de impacto ambiental, porque estamos dispuestos a transparentar y explicar”, dijo.
Acusó que “estas ONG realmente tienen una consigna política, siempre son los mismos los que anteponen todos estos amparos y lo que quieren no es aclarar las cosas, ni parar el tren. Lo que quieren es parar a la cuarta transformación, porque están en contra de Andrés Manuel; y tampoco son las comunidades las que reclaman”.
Entre las afectaciones está la suspensión de obras nuevas en Chocholá, zona en la que buscaban hacer un libramiento para el paso del Tren, dado que las vías están en medio de la población; de lo contrario “tendremos que acomodar a mucha gente por el derecho de vía en el pueblo, ya que son comunidades que se hicieron a partir del tren, que era indispensable en la existencia del pueblo, por lo que si no se llega a un acuerdo tendremos que pasar por en medio del pueblito”.
En tanto se resuelva este recurso legal, los consorcios no podrán avanzar, “esperaremos a que concluya el litigio, aunque tenemos suficiente frente ahorita para trabajar varios meses sino es que hasta un año”.
Un elemento que sí afecta el avance de las obras del Tren Maya es la pandemia de Covid-19 porque la gente de las comunidades teme contagiarse, explicó. Por ejemplo, en Campeche interpusieron un amparo para detener las obras del Tren Maya porque la población expresa temor de que esos avances provoquen un problema sanitario, aunque el estado se ha mantenido en semáforo verde durante cuatro semanas. Las constructoras deberán esperar a que el juez resuelva el recurso legal.
El amparo se promovió en julio de 2020 en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fonatur; en tanto que la Manifestación de Impacto Ambiental se aprobó el 30 de noviembre.
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