- Propone diputada del Verde sancionar con penas de uno a nueve años de cárcel a funcionarios que accedan a dosis de vacunas de forma indebida.
MARTHA MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Zulma Espinoza, propuso sancionar con penas de uno a nueve años de prisión a los servidores públicos que tramiten, faciliten o promuevan el acceso indebido a vacunas contra el Covid-19. Dosis
La legisladora informó que presentó una iniciativa de reforma para que, además de la pena de prisión, los funcionarios que hagan uso irregular de las dosis destinadas a acciones extraordinarias de inmunización sean acreedores también a una multa de entre cien y mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Espinoza recordó que en las últimas semanas se han presentado casos en el Estado de México y Coahuila, donde servidores públicos formaron parte de la inmunización a pesar de que no forman parte de los grupos vulnerables prioritarios establecidos en la estrategia nacional de vacunación.
Estos casos, dijo, representan un abuso y una falta de empatía hacia los grupos prioritarios, como son el personal médico que se encuentra en la primera línea de combate al virus SARS-CoV-2 y los adultos mayores.
La legisladora señaló que estas acciones deben ser sancionadas para garantizar que el acceso a las dosis se lleve a cabo tal como lo establecen las autoridades sanitarias.
“Este tipo de acciones no deben permitirse y merecen ser castigadas; la vacuna en México es universal y gratuita. Su acceso tiene que realizarse de manera ordenada y conforme lo disponga la autoridad sanitaria”, reiteró.
Detalló que la iniciativa adiciona un artículo 462 a la Ley General de Salud, ya que actualmente ésta no prevé una sanción para quienes accedan de manera indebida a las vacunas contra el coronavirus.
Ante ello, dijo que es necesario actualizar la legislación para aplicar penas más severas a quienes se aprovechan de algún cargo público para recibir la inmunización.
En el caso del Estado de México, un médico vacunó a su familia, por lo que fue separado de sus funciones por el mandatario de esa entidad, Alfredo del Mazo.
Mientras que, en Coahuila, un legislador obtuvo el biológico de manera irregular, por lo que se abrió una investigación en su contra.
Al respecto, el presidente López Obrador se pronunció en enero pasado por dejar atrás la “subcultura del agandalle”.
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