- El Gobierno mexicano vulnera importantes inversiones en materia energética, imponiendo reforma preferente.
DR. JULIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
En el contexto de la intensa actividad del Poder Legislativo, se aprobó en el Senado de la República, la iniciativa preferente relativa a la Ley de la Industria Eléctrica, que se aprobó en forma mayoritaria con 68 votos a favor, 49 en contra y cero abstenciones, cabe mencionar que la reforma modificó el alcance y contenido de los artículos reservados 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108, 126; y Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios en los términos del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, aclarando que fue una aprobación casi automática o de trámite; ya que no se cumplió con la participación de investigadores o expertos en un parlamento abierto, sin garantizar la apertura a la discusión, debate y propuestas de expertos con el consenso de los sectores empresariales directamente afectados por la iniciativa preferente presentada por el Titular del Poder Ejecutivo como plan “B” ante la declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como consecuencia de la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) organismo constitucional autónomo que ganó la Controversia Constitucional con cuatro votos a favor de la Segunda Sala de la SCJN, con el proyecto del ministro Luis María Aguilar que invalidó y confirmó la inconstitucionalidad de 22 disposiciones del Acuerdo de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” Política pública promovida por la titular de la Secretaría de Energía SENER.
Es de vital importancia aclarar que las consecuencias de la reforma a la Ley antes mencionada, afectará la inversión de capital privado que como consecuencia de los acuerdos ratificados en el T-MEC, han hecho importantes inversiones en nuestro país, pero los intereses del titular del Poder Ejecutivo Federal, son contrarios a la transición de nuevas fuentes de energía renovable (solar, eólica y eléctrica, etc.) violentando los principios del Acuerdo de París, tratado del que México es parte y podría incurrir en el incumplimiento de compromisos en el uso de energías limpias, desafortunadamente los principales objetivos de la política energética de la SENER, fomentan el uso de combustibles fósiles (combustóleo), estableciendo restricciones a las plantas de energía renovable, es muy importante mencionar que actualmente, México posee ocho parques eólicos en operación, lamentablemente esta reforma afectará de manera grave la estructura económica del sector de la energía eléctrica, pues elimina la posibilidad de que operen en condiciones de libre competencia, concurrencia económica y eficiencia, violentando los artículos 16, 25,26,27,28 y 133 de nuestra Constitución, fomentando prácticas monopólicas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la finalidad de violentar los contratos otorgados a empresas privadas para la generación, distribución y venta de energía eléctrica, vulnerando disposiciones constitucionales en materia concurrencia y libre competencia.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha sido acusado de la comisión de presuntos delitos por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y huachicoleo. A pesar de que se dice inocente, la Fiscalía General de la República pidió su desafuero y espera que se concluya con el procedimiento de desafuero para someterlo a juicio. Ante las múltiples acusaciones por diversos ilícitos se suma el multihomicidio del pasado 22 de enero en Camargo, que implica a los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales, grupo creado para combatir la delincuencia organizada, sin embargo, no debemos olvidar que únicamente se puede proceder penalmente contra los Gobernadores por delitos federales en términos del artículo 111 constitucional, aclarando que la Cámara de Diputados, ya notificó al Gobernador Cabeza de Vaca, el juicio de procedencia en su contra; (retirarle el fuero constitucional) bajo la hipótesis de su presunta responsabilidad y en términos del principio de la Supremacía Constitucional, se notificó al Congreso del Estado de Tamaulipas para que en términos de su marco constitucional proceda con el juicio de desafuero y nombre a un Gobernador interino o sustituto de acuerdo a las disposiciones constitucionales del estado de Tamaulipas, respetando los Derechos Humanos, los principios constitucionales del debido proceso, la presunción de inocencia, la garantía de audiencia y el derecho a la defensa del gobernante tamaulipeco.
Lamentablemente los mexicanos vivimos una profunda crisis de confianza en materia de procuración y administración de justicia, ya que el Poder Judicial y las autoridades en materia de procuración de justicia, que teoría gozan de autonomía e independencia, se han convertido en un instrumento al servicio de los intereses político-electorales del gobierno de la 4T y una estrategia de persecución política.
Desafortunadamente podemos encontrar a personajes, funcionarios, legisladores o candidatos que son exhibidos, denunciados en redes sociales o acusados por sus víctimas por delitos de corrupción, actos de violencia de género o de carácter sexual, pero como en México la justicia o la impunidad están al alcance de un criterio de oportunidad, se puede gozar de las comodidades y beneficios de formar parte del selecto grupo de los “Intocables” (amigos, familiares o compañeros de lucha) del Presidente, para que automáticamente sean justificados con argumentos hipócritas o absueltos con otros datos y sigan disfrutando de la impunidad y libertad plena ante la mirada de millones de víctimas de la injusticia, corrupción e impunidad.
