- Un reporte del Inegi detalla que la impunidad y las tasas extremadamente bajas de procesos legales siguieron siendo un problema para todos los delitos.
JOSÉ DÍAZ / AGENCIA REFORMA
WASHINGTON, EU.- La mayoría de los delitos cometidos en México durante 2020 permanecieron en la impunidad, incluidos los crímenes que involucran a funcionarios gubernamentales con grupos del crimen organizado, advirtió el gobierno de Estados Unidos.
Al dar a conocer la versión 2020 de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en México, el Departamento de Estado destacó las bajas tasas de procesos legales para castigar crímenes, particularmente contra mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos.
“La impunidad y las tasas extremadamente bajas de procesos legales siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos”, detalla el reporte citando cifras de victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Existieron reportes sobre algunos agentes del gobierno que eran cómplices de bandas del crimen organizado internacional y hubo bajas tasas de procesos legales y condenas por tales abusos”, estableció el reporte de la dependencia sin hacer un desglose de casos específicos.
En lo que significa su segunda evaluación sobre la situación de derechos humanos bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Departamento de Estado destacó la ausencia de castigo por parte de México contra delitos cometidos por grupos del crimen organizado.
“Elementos del crimen organizado, incluidas las pandillas locales y trasnacionales, así como narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas”.
“Esto resultó en altos niveles de violencia, especialmente contra grupos vulnerables. El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la mayoría permaneció impune”, advirtió.
No denunciados…
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), presentada por el Inegi, el número de delitos no denunciados o que no llevó a una investigación por parte de las autoridades pasó de 93.2 por ciento en 2018 a 92.4 por ciento en 2019.
Citó las masivas protestas contra la violencia de género de 2020, así como el incremento reportado en la violencia doméstica durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, el informe del Departamento de Estado destacó en particular la impunidad en crímenes contra la mujer.
“En marzo, miles de mujeres participaron en una huelga nacional para protestar contra la violencia de género y el feminicidio, exigiendo acción del gobierno… Hubo altas tasas de impunidad para estos delitos (contra mujeres), en consonancia con altas tasas de impunidad para todos los delitos”, consigna.
Libertad de Expresión
En su informe sobre México que forma parte de un reporte más amplio sobre derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado hizo énfasis en la impunidad registrada en la investigación de delitos cometidos contra la prensa y los defensores de derechos humanos.
“Los altos niveles de impunidad, incluidos los asesinatos o los ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y la reducción de la libertad de expresión y de prensa”, reporta el Departamento de Estado.
En el informe, el gobierno estadounidense detalla casos en los cuales a pesar de la libertad de prensa, funcionarios y ex funcionarios gubernamentales de diversos niveles desacreditaron y criticaron a periodistas, incluyendo a reporteros y editorialistas de Grupo REFORMA.
“Más de 80 periodistas de Baja California firmaron una carta a la CNDH denunciando los ataques verbales del gobernador Jamie Bonilla contra el diario La Voz de la Frontera, la corresponsal del diario Reforma Aline Corpus, la revista regional Semanario Zeta y su directora Adela Navarro”.
“En enero, un tribunal de la Ciudad de México ordenó al académico Sergio Aguayo, columnista del diario REFORMA, pagar una multa de 530 mil dólares por daño moral al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. El 29 de julio, la Corte Suprema accedió a analizar el caso”, apunta.
Dentro de su reporte, el Departamento de Estado hace una detallada descripción de acoso e intimidación en contra de la prensa mexicana por parte de agentes estatales, así como de grupos del crimen organizado que como en otros años limitaron la investigación y a periodística.
Citando como todos los años diversas deficiencias en áreas que van desde el combate a la tortura hasta la libre asociación, el gobierno estadounidense concluyó con la impunidad como un problema que afectaba los delitos cometidos contra defensores de los derechos humanos.
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