- ‘Va Por México’ presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra del Presupuesto de Egresos 2022.
MARTHA ALICIA PAREDES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos que conforman la coalición Va Por México en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del Presupuesto de Egresos 2022.
El recurso fue interpuesto ayer ante la Suprema Corte por los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira; y del PRD, Luis Espinosa Cházaro.
En un pronunciamiento, los líderes de las bancadas de oposición señalaron que el gasto aprobado por Morena y sus aliados para el próximo ejercicio fiscal transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado en el Artículo 1 constitucional en 2011, y el cual tiene como finalidad que los derechos de los ciudadanos se desarrollen de manera gradual y evolutiva.
“El Presupuesto que se aprobó transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues recortó y no aumentó a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos”, subrayaron.
Como ejemplo, indicaron que el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral registró un recorte de aproximadamente 10 mil millones de pesos, mientras que en educación se dejó de lado la recuperación de programas destinados al combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país.
Además, agregaron, desaparecieron programas como Escuelas de Tiempo Completo y Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, entre otros.
Respecto a los programas enfocados a la igualdad y la protección de la mujer, señalaron que se recortaron acciones para la atención y prevención de la violencia, en tanto que en materia de medio ambiente se afectó el presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas.
Aunado a esto, aseveraron, el PEF 2022 amenaza a la democracia en México, porque afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes y vulnerando así el derecho que tienen los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso del proceso de revocación de mandato.
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