Por KUKULKÁN
LA DETENCIÓN de un chófer de los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo por elementos del Ejército mexicano cuando conducía una camioneta oficial transportando droga en vez de pruebas Covid, es una clara muestra de que el narcotráfico se ha infiltrado a todas las esferas del poder y la economía, de tal manera que para combatirlo se requiere darle un trato diferente al de las fallidas estrategias nacionales de las últimas dos décadas.
NI LA GUERRA contra el narcotráfico implementada por Felipe Calderón ni la estrategia de ‘abrazos, no balazos’ del Presidente Andrés Manuel López Obrador, han logrado alcanzar la tranquilidad ciudadana y no se ve aún la luz al final del túnel porque el problema dejó de ser un asunto meramente de tráfico ilegal de estupefacientes para convertirse en un conglomerado de intereses comerciales ‘legales’ y, por tanto, permitidas por las autoridades.
ENTRE los especialistas en el tema se ha discutido si es correcto interpretar que México se ha ‘colombianizado’ y ante eso debe hacer lo mismo que le funcionó a el país andino de enfrentarlos física y financieramente con el Ejército. Quienes difieren de este punto de vista, sostienen que en Colombia los narcotraficantes sólo se dedicaban al tráfico de droga mientras que en México han permeado en la economía de todos los sectores: la industria, la hostelería, el mercado inmobiliario, el transporte aéreo… de tal manera que darles un golpe financiero sería atentar contra la economía nacional.
ESTAMOS ante un callejón sin salida. Por un lado, la autoridad combate con la ley al narcotráfico, pero por otro lado está claro que no ha podido frenar su avance y penetración hasta la médula del poder político, así como la sociedad en su conjunto, que no tiene otra más que sufrir las consecuencias de esta torcida relación entre cárteles de la droga y autoridades. ¡FUERA máscaras! Lo primero que deben reconocer las autoridades es que están rebasadas y no les queda de otra que crear una estrategia moderna y eficaz que implicaría romper tabúes, mitos y prejuicios sociales, así como reformar todo el andamiaje jurídico en torno al tema que se antoja largo y sinuoso.
NO SÓLO resulta escandaloso, sino hasta apetitoso para los medios de comunicación que un chófer de la institución estatal que precisamente está para salvaguardar la salud de los habitantes, fuera descubierto por el Ejército cuando transportaba 200 kilos de marihuana sobre el tramo de carretera Nicolás Bravo-Cancún y más cuando la información fue difundida por la propia Secretaría de la Defensa Nacional a través de un boletín oficial.
DESDE luego el gobierno del estado debería dar la cara y así lo hizo la Secretaría de los Servicios de Salud al responder que efectivamente el chófer detenido es empleado de la dependencia, con tres meses de antigüedad e inmediatamente suspendido, por lo que se ponían a disposición de la autoridad competente en este caso para las aclaraciones pertinentes.
EL MILAGRITO se lo cargaron algunos medios a la titular de esta dependencia, Alejandra Aguirre Crespo al especular que el chófer estaba bajo sus órdenes directas, lo que la propia dependencia calificó como absolutamente falso. ‘La persona involucrada en los hechos no ha sido asignada en momento alguno como integrante del equipo al servicio directo de la titular entre el periodo comprendido de septiembre de 2016 a la fecha’, aclaró a través de otro comunicado.
TODO se puede esperar después de este bochornoso episodio que sólo vino a confirmar lo vulnerable que está la sociedad ante la influencia del narcotráfico que ha recrudecido la inseguridad, gracias a la perversa relación de intereses que se tejen en los altos mandos.
