Por KUKULKÁN
EL 48 aniversario de la fundación del estado, libre y soberano de Quintana Roo se aproxima y el juicio ciudadano mayoritario sobre el desempeño de Carlos Joaquín González es que ocupará un sitio al lado de sus antecesores Roberto Borge Angulo y Félix González Canto, distinguidos bucaneros cozumeleños saqueadores del presupuesto público. Navegando con la bandera del ‘gobierno del cambio’, el virtual embajador de México en Canadá dejó una bomba de tiempo financiera que estallará al gobierno de Mara Lezama Espinosa antes de que concluya 2022.
EN LAS cifras de la deuda con los bancos que exhibió públicamente de sus antecesores por más de 21 mil millones de pesos, ahora se sabe, Carlos Joaquín deliberadamente ocultó el monto real que ronda los 49 mil millones de pesos, a pagar en los próximos 30 años con sus respectivos intereses, que si bien no es toda suya, él le sumó buena parte con dos refinanciamientos, además de varios créditos cortos (para los que no se necesita autorización del Congreso, pero que debió liquidar antes entregar el poder) y una deuda oculta a proveedores de casi 7 mil millones de pesos que ahora deberá saldar su sucesora.
PARA gozar de impunidad ante ese mal manejo de los recursos públicos, Carlos Joaquín entregó el estado de Quintana Roo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto nacional de la Cuarta Transformación. Hábil en el manejo político, el inquilino de Palacio Nacional apapachó continuamente en sus mañaneras al ahora exgobernador, al considerar que hizo buen trabajo, pero principalmente lo felicitó y puso de ejemplo por no meter las mano en los diferentes procesos electorales a través de los cuales Morena y sus partidos aliados fueron conquistando ocho de los once ayuntamientos, la mayoría del Congreso local y la gubernatura. Lo menos que esperaba el exmandatario quintanarroense, quien ya se frotaba las manos para ocupar una subsecretaría o hasta la Secretaría de Turismo federal, es que lo mandaran al exilio como embajador, alejado del curso que lleven la aprobación o desaprobación de sus últimas cuentas públicas.
DE ACUERDO con el estudio de la Génesis de la Administración Pública del estado de Quintana Roo, con los ocho gobernadores existentes que ha habido en 47 años la deuda pública de Quintana Roo fue evolucionado así: con el primer gobernador Jesús Martínez Ross, fue de 120 millones de pesos en números redondos; Pedro Joaquín Coldwell la elevó a mil 427 millones; Miguel Borge Marín llegó a los 4 mil 739 millones; Mario Villanueva Madrid la incrementóen 7 mil 217 millones; Joaquín Hendricks Díaz a 8 mil 525 millones; Félix González Canto alcanzó los 15 mil 251 millones; Roberto Borge Angulo los superó con 42 mil 276 millones y Carlos Joaquín la dejó en 48 mil 994 millones, a pagar en 30 años.
EL COMBATE contra la corrupción que el ‘gobierno del cambio’ emprendió en 2016 para perseguir, procesar, encarcelar y hacer pagar a exfuncionarios felixistas y borgistas acusados de participar en el saqueo al patrimonio estatal, sólo fue un pretexto para implementar una estrategia, en la que la Fiscalía General del Estado sirvió como instrumento represor, que no perseguía aplicar justicia sino extorsionar a los inculpados; robar al ladrón, en términos más coloquiales. A todos y cada uno de los que fueron pisando la cárcel, el gobierno de Carlos Joaquín les hizo devolver parte del motín que habían robado, pero el destino final de esos recursos tuvo un manejo discrecional.
CUANDO Félix González se acercó para mediar en el conflicto con Roberto Borge y ayudarlo a salir de la cárcel, Carlos Joaquín le pidió a cambio que le entregará todos los terrenos que la familia del exgobernador preso poseía en la isla de Cozumel y se acababa el problema. La oferta fue rechazada, pero ese ejemplo fue el esquema de operación que se aplicó en general para todos los perseguidos por el ‘gobierno del cambio’ que puso en venta la justicia al mejor postor.
