- Al propietario del predio “El Jaguar” perteneciente al Ejido Macario Gómez, se le ha negado también el título de propiedad.
MARCO ANTONIO BARRERA
SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Un segundo adulto mayor fue víctima del mismo mecanismo tramposo utilizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para despojar a dueños de terrenos rurales en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Al propietario del predio “El Jaguar” perteneciente al Ejido Macario Gómez, se le ha negado también el título de propiedad sobre un lote de 50 hectáreas, 20 áreas y 87 centiáreas.
Igual que ocurrió con otro comprador, pero de 92 hectáreas del mismo ejido, el segundo afectado saldó el valor económico del lote después recibir la orden de pago 1-005178 expedida el 7 de abril de 2003, cuya cantidad se abonó a la cuenta bancaria de BBVA Bancomer “100” 389197” G (21 de mayo de 2003), dos semanas antes del vencimiento, lo que avaló la operación comercial (7 de junio).
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La víctima de 66 años de edad es originaria del estado de Yucatán, quien por casi dos décadas reclama igualmente la certidumbre jurídica sobre el predio de su propiedad, el cual tiene una forma rectangular con superficie de 500 por mil metros.
El adquirente tiene por nombre las iniciales V. A. T. como aparece en el expediente 513484 de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que radica en los archivos de la representación estatal con sede en Chetumal, Quintana Roo.
De acuerdo al expediente al que tuvo acceso Luces del Siglo, el “Contrato de Pago” fue suscrito por el representante estatal de la dependencia, Leopoldo Castelán Ramírez.
La operación comercial se sustentó legalmente en el artículo 116 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1996.
Según el ordenamiento, los recursos económicos que fueran captados por la enajenación de terrenos nacionales se integrarían al Fondo del Ordenamiento de la Propiedad Rural.
Para que la SRA avalara la venta, un comité técnico justificó con un dictamen valuatorio el monto económico para la comercialización del terreno y se constató que no existieran inconvenientes como el traslape de superficies.
En la cláusula séptima del pacto comercial se estipula que, ante el incumplimiento de pago estipulado en un plazo máximo de 180 días naturales, se revocaría el acuerdo.
Para avalar el pago económico, el comprador certificó notarialmente la ficha de depósito e ingresó una solicitud para dar trámite a la elaboración del título de propiedad, el 21 de mayo de 2003.
Pero la falta de respuesta se prolongó casi una década, de lo cual el quejoso enteró a la Presidencia de la República, que lo comunicó al titular de la Sedatu mediante un documento con folio GR-2200092050.
El oficio ordenó al subsecretario de Ordenamiento Territorial de la dependencia, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, dar atención a la queja en un plazo máximo de 23 días naturales, que comenzaron a correr el 1 de abril de 2014.
“Manifiesta que desde el 21 de mayo de 2003 cumplió con la orden de pago número 1-005178 de fecha expedida el 07 de abril de 2003, como lo demuestra con los anexos para la expedición del título de propiedad del predio denominado El Jaguar de 50-28-77 hectáreas y a la fecha no se le ha expedido dicho título”.
Igual que los intentos previos que encabezó el afectado para obtener el documento, ninguno fructificó.
El mismo esquema fraudulento de venta fue aplicado a un tabasqueño de 72 años de edad, sobre un predio de 92 hectáreas denominado “La Esperanza” en el mismo ejido Macario Gómez del municipio de Solidaridad.
Ambas personas fueron poseedoras de los terrenos nacionales que, al explotarlos con actividades agropecuarias por más de tres años, les generaron derechos preferenciales en el proceso de venta.
Tanto V. A. T. (66 años) y R.G.R. (72 años) siguen esperando obtener los papeles legales que les brinden certidumbre jurídica sobre los terrenos que compraron hace casi dos décadas.
