Por KUKULKÁN
NADIE en la justicia federal quiere agarrar la papa caliente que representa el conflicto de taxistas y conductores de Uber en Cancún, pues recientemente los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Quintana Roo desestimaron la solicitud de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo estatal para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y aclare los alcances de la sentencia que en febrero pasado declaró constitucional la operación del servicio de transporte privado a través de plataformas digitales ordenando al Congreso estatal reformar la Ley de Movilidad con base en el sentido de esta ejecutoria, la cual resulta ambigua e insuficiente en su interpretación para adecuarla a la legislación y diseñar las nuevas reglas del juego.
LA FALTA de claridad de la sentencia que dio luz verde a Uber para operar en la entidad sin la concesión de placas, ha dejado a la interpretación de las autoridades locales la redacción de la Ley Reglamentaria que debe especificar con precisión los requisitos para que las diferentes ofertas de transporte puedan coexistir sin más conflictos. Por ejemplo, para declarar la legalidad de Uber el Tercer Tribunal Colegiado sólo argumentó que se trata de dos tipos de sistema de transporte, el que prestan los taxistas en público y el de la plataforma digital es privado, porque lo que no se les pueden aplicar los mismos requisitos, de acuerdo al principio jurídico de que no se puede aplicar la misma ley entre desiguales.
PERO de las reuniones convocadas por el gobierno estatal para que las partes involucradas en el conflicto lleguen a acuerdos satisfactorios, surgió una tercera opción anunciada por la secretaria de Gobierno Cristina Torres: además de los sistemas de transporte público y privado, se incluye un tercero híbrido (público-privado) con el objetivo de ser los más incluyente posible. Más allá de los reclamos de conductores tanto de uno como de otro sistema de transporte, el conflicto ha sido alentado por políticos locales poderosos que en sexenios pasados monopolizaron el servicio y mantuvieron alineados a los taxistas a los gobiernos del PRI, eran tiempos en que otorgar concesiones de placas era facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo estatal, quien hacía una repartición discrecional. Dos gobernadores de aquella época figuraban en la lista oficial de concesiones y se rumora que hasta el día de hoy monopolizan el negocio a través de testaferros.
LA ENTRADA de Uber es aplaudida por un amplio sector de los quintanarroenses, pero indirectamente significa el comienzo del proceso de extinción de los diferentes sindicatos que actualmente controlan el transporte público en el estado, como tiempo atrás ocurrió en las principales urbes del país: la Ciudad de México y Monterrey, donde diferentes plataformas digitales compiten por el mercado ofreciendo el servicio con unidades mejor conservadas que la competencia obligando a taxistas a mejorar sus unidades para brindar atención a un público cada vez más exigente que busca un servicio de transporte adaptable a sus necesidades.
ENCONTRAR las reglas para que todas las opciones de transporte puedan operar en igualdad de circunstancias y armonía, es un hueso duro de roer. Por eso desde la Dirección de Amparos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, cuyo titular es Sergio Arturo Ramírez Moxca, se solicitó la facultad de atracción del máximo tribunal del país para que aclare la sentencia de enero pasado, a que se negaron los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado bajo el argumento jurisprudencial de que el presidente de este órgano ‘no tiene facultad tanto para decidir, por sí y ante sí, sobre su procedencia aun cuando lo soliciten las partes’. Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de que sean los mismos magistrados del Tribunal quienes aclaren las ambigüedades de la sentencia, lo cual quedará resuelto en los próximos días.
