- El exalcalde de Felipe Carrillo Puerto trató de evitar su aprehensión con amparos.
MARCO ANTONIO BARRERA
F. CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- El expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, conocido como “Chak Me’ex”, buscó blindarse legalmente para impedir su captura a través de una lluvia de amparos desde que dejó el cargo en 2021.
El exfuncionario fue aprehendido por agentes adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, cuyo comunicado se difundió el martes pasado.
El aseguramiento fue ordenado por el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, por cargos de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público.
A Esquivel Vargas se le acusa de presuntamente simular sesiones de Cabildo para autorizar ilícitamente bonos de fin de año, con lo que se provocó un quebranto financiero de 2.6 millones de pesos.
Los hechos tienen que ver con un par de las ocho querellas interpuestas por la alcaldesa Mary Hernández, quien al inicio de su gestión denunció probables hechos de peculado, abuso de funciones y contratación indebida ante observaciones detectadas en las auditorías del proceso de entrega-recepción.
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Entre los amparos solicitados por el exalcalde que gobernó hasta 2021, en uno fungió como representante común de su exsíndica municipal, Reyna Anita Hau Morales, y Rubén Ismael Petul Pool, quien estaba adscrito al área de contabilidad y nómina municipal, el 16 de abril pasado.
En el juicio 32472008 del Juzgado Primero de Distrito fue desechado a los dos días siguientes, y el asunto se mantiene activo en la queja 32623241 del Primer Tribunal Colegiado.
El mismo personaje solicitó a título personal (en otro juicio) medidas cautelares como representante común de su Cabildo, encabezado por la exsíndica municipal, Reyna Anita Hau Morales.
Igualmente, por los exregidores primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, René Antonio Ramos Reyes, Alma Rosa Ek Martínez, Francisco Ernesto García Muñoz, María Cristina González Castro, Isidro Huex Mis y Martha Guadalupe Chi Ay, respectivamente.
En el juicio 32471990 del mismo Juzgado Primero de Distrito se incluyó también a Dalton Jaime Gómez Lechuga, quien se desempeñó como su secretario particular y, después, como tercer secretario del Ayuntamiento.
El caso fue desechado también y se debate en la queja 32762281 del mismo Primer Tribunal.
En un tercer juicio de garantías ante el mismo juzgado, número 32522254, el mismo grupo de quejosos solicitó protección federal contra el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto.
El caso obedeció a una revocación del no ejercicio de la acción penal en la carpeta auxiliar 26/2022, que forma parte de la Carpeta de investigación FGE/QR/FECC/406/12/2021 de la FECCQROO, el 28 de marzo de 2023. Igual que los otros, fue desechado por improcedente.
La lluvia de amparos comenzó al día que dejó el cargo de presidente municipal, cuando pidió medidas cautelares contra una orden de detención, presentación, citación o cualquier otro acto privativo de la libertad, y contra actos de violencia física o moral en su contra. A este amparo se le asignó el número 28795411 del Juzgado Segundo de Distrito, el 30 de septiembre de 2021.
Como parte del juicio se solicitó información a la Fiscalía General del Estado, al vicefiscal de la Zona Sur, al fiscal de Atención Especializada y al Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Atención Temprana.
Además, a las Policías de Investigación de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco, y otras áreas ministeriales.
Igualmente, a Jueces de Control y de Primera Instancia de Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, Cancún, y la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México y delegaciones en 19 entidades federativas.
José Esquivel asumió el cargo bajo los colores del Partido Encuentro Social, y las denuncias sobre su gestión son por un faltante de 84 millones 843 mil pesos, que podría alcanzar 143 millones de pesos (mdp).
Las denuncias obedecen a manejos irregulares del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, ante un supuesto desvío de 13.1 mdp por obras ejecutadas que no fueron pagadas a contratistas y 45.9 mdp desviados a una cuenta bancaria distinta.
Asimismo, por la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta por 3.4 mdp que generó actualizaciones y recargos al erario municipal, operaciones simuladas con facturación irregular por 18.3 mdp (en los que se vincula al anterior Cabildo), y la aprobación de un bono irregular para sus integrantes por 2.6 mdp.
