- Continúa el pleito legal en Derimaya y colonos de la Colosio siguen en el limbo.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- En un nuevo episodio dentro del proceso penal que enfrenta la familia González Whitt por el presunto delito de administración fraudulenta de más de 250 millones de pesos a la empresa Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito ordenó el desbloqueo de cuentas bancarias aplicado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Desde enero pasado, dicho bloqueo que paralizó las operaciones financieras de la empresa en seis cuentas de dos sucursales en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, forma parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) por operaciones sospechosas de origen ilícito.
A inicios de mayo, la investigación derivó en la detención de dos de las accionistas identificadas como Rebeca “N” y Cecilia María “N”, cuando intentaban abandonar el país a través de un vuelo desde el aeropuerto de Tijuana, mismo que fue impedido por una alerta de ficha roja. Actualmente, ambas permanecen recluidas en el penal de Cancún.
- Gozan en Isla Mujeres de ‘Navidad con la Gente’
- Exhiben arte en la galería de Solidaridad
- Llaman a impedir venta ilegal de animales
En cambio, días después de la detención, Ofelia González Whitt corrió con mejor suerte ya que el Juzgado Noveno de Distrito le otorgó una suspensión contra cualquier vinculación a proceso por los mismos delitos.
Derimaya es una empresa constituida en 2017 con participación mixta, privada y estatal, que tiene por objeto poner fin a la inseguridad jurídica que padecen diversas familias cuyas viviendas quedaron atrapadas en terrenos expropiados por la Federación que la familia Gonzalez Whitt reclamó como de su propiedad.
De esta manera, la sociedad quedó integrada con el 49 por ciento de acciones para los particulares y el restante 51 por ciento para el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano (Sedatu).
El conflicto entre ambas partes estalló cuando los accionistas privados se negaron a entregar los títulos de propiedad sobre una superficie de mil 200 hectáreas del Fundo Legal de Playa del Carmen para aproximadamente 5 mil 500 lotes de familias de la Colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, mismos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a regularizar y entregarles antes de concluir su mandato.
Utilizando diversas artimañas legales, los accionistas particulares de Derimaya pretendieron obstaculizar la instrucción presidencial hasta que en noviembre de 2021 el gobierno del estado detectó diversas irregularidades administrativas en materia fiscal que no fueron debidamente solventadas a pesar de múltiples solicitudes de la Sedatu.
Fue entonces cuando las autoridades estatales procedieron a solicitar la orden de cateo para la inspección de las oficinas de la empresa y el posterior aseguramiento de diversos equipos de cómputo y documentos contables para integrar la carpeta de investigación por el delito de administración fraudulenta en agravio del patrimonio público estatal.
En este contexto, el 29 de enero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comunicó formalmente el bloqueo de las cuentas bancarias a nombre de la familia González Whitt, pero en un reciente fallo los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado decidieron otorgar una suspensión provisional para que los quejosos pudieran seguir manejando sus fondos mientras continúa el proceso judicial, excepto una cantidad específica que aún permanece retenida por orden judicial.
Mientras tanto, los vecinos de la Colonia Colosio siguen en su lucha por la regularización de sus propiedades, una batalla que lleva más de 30 años y que hoy permanece en el limbo jurídico hasta que concluya en definitiva la disputa jurídica entre los accionistas de la empresa Derimaya.
