Por KUKULKÁN
A MEDIDA que se acerca el tan esperado 2 de junio, la geografía política del país se convirtió en un campo de batalla, donde los candidatos a los distintos puestos de elección popular se lanzaron mordaces acusaciones con claro tufo de calumnias y difamaciones en la mayoría de los casos. Durante la última semana de campaña, la corrupción y los vínculos con el narcotráfico se convirtieron en las armas predilectas de partidos y coaliciones para desacreditar al adversario.
MUY POCOS contendientes escaparon a la ‘guerra sucia’ de las campañas mediáticas que estuvieron al orden del día durante los 45 días de proselitismo. Vaya, ni siquiera el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que está fuera de la competencia, salió librado de los señalamientos y fue acusado de la inexplicable adquisición de propiedades lujosas y depósitos millonarios en cuentas bancarias a la empresa que tiene en sociedad con su padre y hermano.
ÉL MISMO grabó un video para aclarar que todo era una vil calumnia por parte del PRIAN con miras a perjudicar a su esposa Mariana Rodríguez, quien compite por la alcaldía de Monterrey, así como al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, por negarse a declinar en favor de Xóchitl Gálvez. Argumentó que las propiedades atribuidas a su persona fueron un pago a su padre por un litigio fiscal y ofreció su renuncia si le demostraban que las mismas estuvieran registradas a su nombre.
HACÍA el sur del país, en Veracruz, la contienda no estuvo menos turbia. Rocío Nahle, candidata de Morena, enfrentó acusaciones similares por supuestamente no declarar propiedades tanto en aquella entidad como en el extranjero. Las versiones no tardaron en desplomarse por falta de sustento y ella misma se encargó de desmentirlas. En contraataque, su oponente del PAN, Pepe Yunes, fue acusado de ser adúltero además de ser blanco de rumores que lo relacionan con oscuros personajes del crimen organizado y posesión de bienes mal habidos. La guerra sucia entre ambos fue el pan de cada día en esta campaña.
SIEMPRE en el ojo del huracán político, la Ciudad de México vivió un escenario igual de complejo. Santiago Taboada y Clara Brugada, principales contendientes, han intercambiado acusaciones de corrupción. Taboada es señalado por presuntas irregularidades en su gestión como alcalde desde donde participó en el llamado cártel inmobiliario, mientras que a Brugada se le atribuyen cuentas en paraísos fiscales y ser originaria de Guatemala, versiones que fueron desmentidas por ella misma y por la propia embajada chapina.
Y COMO si lo anterior no fuera suficiente, el duelo por la presidencia de México también se convirtió en un lodazal. Sin pruebas sobre sus dichos, Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI-PAN-PRD, no soltó a Claudia Sheinbaum, de Morena, con la versión de tener vínculos con el narcotráfico y recibir financiamiento ilícito para su campaña. Por su parte, con pruebas que exhibió durante el debate, Sheinbaum contraatacó señalando la opacidad en los contratos que Gálvez se adjudicó para sus empresas cuando fungió como delegada de la Miguel Hidalgo, a lo que la panista respondió que fueron ‘legales’.
EN ESTA temporada de proselitismo fue casi irónico ver cómo estos gladiadores y gladiadoras de la política se acusaron mutuamente de actos que, de ser ciertos, deberían llevarlos directo a la cárcel y no al poder. Pero en este espectáculo, la justicia parece ser una mera espectadora, impotente o complaciente ante el despliegue de influencias y poder económico. En medio de este caos, los mexicanos acudirán a las urnas con la esperanza de que, entre tanta podredumbre, aún existen opciones que valgan la pena.
